Los independentistas usan a Llarena para tapar su división

Aceptan la situación, pero con resignación. PDeCAT y ERC comienzan a acostumbrarse al bucle en el que les ha colocado Carles Puigdemont desde hace meses y que consiste básicamente en mantener el rumbo de colisión contra el Estado, utilizando las instituciones catalanas para su propio beneficio. El último episodio de esa instrumentalización es la querella que el Parlamento catalán ha anunciado contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, al que acusa de prevaricación por no respetar los derechos políticos de Jordi Sànchez, reconocidos, dicen por Naciones Unidas.

La iniciativa responde al rechazo del magistrado a dejar que el dirigente independentista saliera de la cárcel de Soto del Real para asistir a su investidura, lo que obligó al presidente del Parlament, Roger Torrent, a aplazar el pleno previsto para ayer. Las formaciones independentistas sabían de sobra que esta sesión plenaria no se celebraría, pues lo único que buscaban –así lo confesaron— era dejar en evidencia a Llarena. La pretensión ya era, de por sí, una treta jurídica de Junts per Catalunya para mantener la agitación política y ciudadana.

La querella solo viene a corroborar esa estrategia, con la que los independentistas tapan su división interna. Mientras Puigdemont insiste en ser investido mediante una reforma exprés de la ley de presidencia y del Govern –actualmente en fase de tramitación parlamentaria--, PDeCAT y los republicanos desean, pero no se atreven, un candidato que no tenga cargas judiciales y, por tanto, puede presidir “un gobierno estable desde el minuto uno”. 

La máxima de Torrent

Esta es la máxima que hizo suya Torrent cuando accedió al cargo de presidente de la Cámara catalana. Ésta y la de no cometer ninguna ilegalidad. Sin embargo, ayer se arriesgó a ser acusado de malversación por dar luz verde a una querella contra Llarena, en contra del parecer de los letrados del Parlament. Es la enésima vez que, en los últimos dos años, los independentistas hacen caso omiso a los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, que en diversas ocasiones han avisado de las consecuencias de saltarse las leyes para proclamar la república catalana.

La hora de la verdad, en lo que respecta a esa ilegalidad, llegará con la aplicación de esa reforma de la ley de presidencia, con la que Puigdemont pretende ser ungido a distancia. Tanto la oposición, como PDeCAT y ERC, dudan de que Torrent coloque el Parlament en esa tesitura. Pero el tiempo pasa y, según denuncian fuentes convergentes, “no hay prisa por resolver la situación”.

A la espera de la entrevista con Puigdemont

Los partidos secesionistas permanecen a la espera de que el expresidente, cuya puesta en libertad en Alemania ha supuesto un balón de oxígeno en esa batalla contra el “Estado español opresor”, dé pistas sobre su futuro y el de Cataluña este domingo, durante su entrevista en TV3.

El entorno de Puigdemont es unánime a la hora de asegurar que no habrá adelanto electoral, es decir, que se llegará al 22 de mayo –fecha límite para evitar elecciones, que serían el 15 de julio— con un candidato. Aunque sea in extremis. Si éste es el propio Puigdemont u otro candidato, el tiempo lo dirá. Las quinielas siguen incorporando nombres. Tras las fallidas investiduras del propio Puigdemont, Jordi Turull y Sànchez, se habló de Elsa Artadi, miembro del grupo duro de JxCat. Pero también de Marc Solsona (PDeCAT) e incluso de Ernest Maragall y Ferran Mascarell, cuyos perfiles progresistas podrían sonar bien a los comunes, que defienden un gobierno transversal para salir del atolladero