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Quim Torra y el conseller de Interior, Miquel Buch (2d), junto a mandos policiales durante la reunión del Gabinete de Coordinación Antiterrorista / EFE

El Govern se escuda ante los Mossos en su bisoñez

Buch, avisado de la falta de recursos que pudo convertir el ataque de Cornellà en una matanza, se justifica en los recortes y en su escaso rodaje

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De la excusa del 155 a los cien días de gracia que se otorga a todo gobierno. Los Mossos d’Esquadra han advertido en diversas ocasiones de la necesidad de aumentar las medidas de seguridad, pero el Govern siempre ha puesto como excusa al Estado. Por eso, el ataque cometido ayer por un individuo de origen argelino en la comisaría de la policía autonómica de Cornellà de Llobregat (Barcelona) al grito de “Alá es grande” era tan temido como esperado. Según los expertos, se trata de un ejemplo de yihadismo low cost, cada vez más frecuente afirman, cometido por “lobos solitarios” con pocos recursos y sin una célula organizada detrás.

Que el pasado viernes se cumpliera el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, así como la proximidad de la Fiesta del Sacrificio que la comunidad musulmana celebra esta semana, hacían presagiar, según fuentes policiales, la posibilidad de un ataque como el de Cornellà. De ahí que los representantes de los Mossos vengan avisando, especialmente desde el verano pasado, de la necesidad de reforzar la vigilancia en las comisarías, sobre todo si se tiene en cuenta que se mantiene el nivel 4 de alerta terrorista.

Pero esas reivindicaciones han caído en saco roto. Y si hace unos meses, la excusa del Govern era que estaba atado de pies y manos --económicamente hablando-- por culpa del 155, ahora es el escaso rodaje el argumento utilizado por el consejero de Interior, Miquel Buch, quien ayer insistía en que lo ocurrido en Cornellà era "un hecho aislado".

El perfil politizado de Buch

“Un consejero no debe limitarse a hacer declaraciones, también debe gestionar”, denuncia a Cronica Global un mando de la Policía Autonómica. Buch, un convergente entregado a Carles Puigdemont y enfrentado con la excoordinadora de PDeCAT, Marta Pascal, fue acogido con muchos recelos por la mayoría de agentes del cuerpo policial tras la formación de gobierno que permitió levantar el 155.

Una medida, la del control de las instituciones por parte del Gobierno, que en sectores de la Policía Autonómica fue acogida como un alivio debido a las presiones del Govern para que los Mossos se alinearan con la ruptura. Y aunque nos agentes niegan que hubiera “colaboracionismo”, sino mantenimiento de los servicios públicos, lo cierto es que el cese de Ferran López –el sustituto de Josep Lluís Trapero al frente de la jefatura de los Mossos—provocó un fuerte malestar.

"El Govern, tanto con Puigdemont como con ahora con Quim Torra, está más preocupado del procés que de los problemas de los ciudadanos. Se han preocupado más de tener una policía política y, por ejemplo, espiar a los dirigentes no independentistas, que en mejorar la situación de los Mossos", explica este miembro de los Mossos.

“En seis meses tuvimos a cuatro consejeros diferentes. Llevamos al borde del agotamiento por las crisis política”, expresa el citado mando. Junto a su bisoñez, el consejero Buch alegó problemas presupuestarios en la reunión mantenida con los sindicatos el pasado 16 de julio durante la reunión del Consell de la Policia

Elaborar un reglamento sobre medidas de seguridad en las dependencias policiales y actualizar los protocolos en casos de ataques son algunas de las reivindicaciones de un cuerpo policial, harto de ser noticia más por cuestiones políticas que operativas. Los sindicatos Fepol, SME y Uspac coincidieron ayer en volver a reclamar más efectivos y seguridad en las comisarías tras el ataque cometido en Cornellà.

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