La fiscalía pide a Llarena que cite de nuevo a Ponsatí tras plantar al Supremo

La fiscalía ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que cite de nuevo a la exconsejera de la Generalitat y eurodiputada Clara Ponsatí para que pueda tomarle declaración en calidad de procesada por el 1-O, después de que ésta le plantase el pasado 24 de abril por irse a Bruselas. 

Además, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena instan al instructor del procés a "que se desestime la solicitud de suspensión de la causa interesada" por Ponsatí, que insiste en que goza de la inmunidad propia de los miembros de la Eurocámara.

Ponsatí esgrime su inmunidad

De esta forma los fiscales responden al requerimiento de Llarena, que reclamó al Ministerio Público y a la Abogacía del Estado que se pronunciaran sobre la posibilidad de reactivar la orden de detención nacional contra la que fue consejera de Educación de la Generalitat. Sobre todo, después de que hace unos días plantase al Supremo esgrimiendo su inmunidad como eurodiputada y que tenía trabajo en el Parlamento Europeo. 

El objetivo de Llarena era tomarle declaración en calidad de procesada por un delito de desobediencia para poder continuar con el procedimiento penal en su contra por referéndum ilegal del 1-O en el que ella tuvo una participación activa.

Clara Ponsatí, en el coche en su regreso a Barcelona / TWITTER

Llarena pide reactivar la orden de detención

El proceso judicial estaba paralizado desde que Ponsatí abandonó España, pero la maquinaria del Supremo volvió a ponerse en marcha el 28 de marzo, cuando se presentó en Barcelona desoyendo su obligación de comparecer ante el alto tribunal, precisamente, para poder efectuar esa declaración indagatoria. Ese día, tras ser detenida por los Mossos d'Esquadra y llevada ante un juzgado de guardia de la Ciudad Condal, Llarena acordó dejarla en libertad y citarla para el 24 de abril --cuando no se presentó--. 

Ahora, una vez escuchadas las partes, el instructor del procés podría reactivar la orden de captura contra Ponsatí, aunque solo surtiría efecto si volviera a pisar España. Además, cabe recordar que el juez retiró las órdenes de busca y captura europeas e internacionales contra Ponsatí y los demás políticos del 1-O residentes en el extranjero, precisando que ya solo podría reactivarlas para el expresidente fugado, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, porque tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación eran los únicos imputados por delitos que conllevaban cárcel.

Los argumentos de la defensa

Para justificar su desplante al Supremo, la defensa de Ponsatí alegó no solo que tenía que asistir a dos reuniones en la Eurocámara, sino que además insistió en que, habiendo solicitado amparo al Parlamento Europeo para que defienda su inmunidad, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "obliga" a Llarena a suspender el procedimiento judicial.

A ello la defensa sumó que "están pendientes de resolución diversos recursos que corroboran la ilegalidad del presente procedimiento, la vulneración de distintos derechos fundamentales y que acreditan que ni el magistrado instructor ni la de esta Sala de lo Penal del Supremo son el tribunal establecido previamente por la ley".

Clara Ponsatí enseña su acreditación de europarlamentaria / QUIQUE GARCÍA - EFE

El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el pasado 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los políticos catalanes fugados al extranjero. Hasta ese momento, la exconsellera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito --penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación-- propició que el magistrado lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de tres a 12 meses e inhabilitación de seis meses a dos años.

Aunque tanto fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de tres a cinco años de cárcel y seis a ocho de inhabilitación, Llarena lo rechazó.