La fiscalía pedirá entre tres y seis años de cárcel para Laura Borràs

La fiscalía pedirá entre tres y seis años de cárcel para Laura Borràs por el presunto fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El ministerio público acusará a la actual presidenta del Parlament de un delito de falsedad documental y de prevaricación --que implica entre nueve y 15 años de inhabilitación--. 

Sin embargo, no se le imputarán delitos de fraude administrativo y malversación de fondos públicos. 

Reunión de la Mesa del Parlament del 7 de julio de 2022 / EUROPA PRESS

Abusó de sus funciones 

Según El Periódico, el juez cree que la presidenta de la Cámara catalana y líder de Junts abusó de sus funciones cuando estaba al frente de la ILC y acordó con su amigo Isaías H. el fraccionamiento de 18 contratos menores que sumaban una cantidad de 330.000 euros. También apuntaba a un perjuicio a los presupuestos públicos, una malversación que la fiscalía no recogerá en la acusación. 

Esta semana finalizan los diez días que el magistrado dio a la fiscalía para que presente un escrito definitivo de acusación.

Borràs lo niega todo 

Por su parte, Borràs sigue negándolo todo y defendiéndose. "No dimito porque soy inocente y porque defenderé mi derecho a la presunción de inocencia". 

Pero la presión hacia la presidenta del Parlament, crece. Algunos miembros de ERC se han sumado a la petición de la oposición para que dimita. Es el caso de Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos en el Congreso, que le reclama que abandone el cargo para preservar el prestigio de la institución: "Estamos hablando de un fraccionamiento de una serie de contratos por un amigo, que ha resultado ser un narcotraficante. Esto nada tiene que ver con el independentismo". 

ERC ejerce presión

También el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que, si Borràs fuese de ERC, "se pondría a la institución por delante, se la apartaría, defendería su inocencia y, si finalmente resuelve favorablemente a la persona, se le restaurarían las responsabilidades que había". 

En cambio, desde la CUP se lavan las manos y recuerdan que ellos no la votaron como presidenta de la Cámara. Defienden que tienen que ser los dos grandes partidos independentistas quienes acuerden cómo resolver la situación si finalmente la justicia acaba abriendo un juicio oral.