Nervios en el SEM por los sobrepagos a Ferrovial

Nervios en el seno del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña por los sobrepagos a Ferroser, filial de Ferrovial que operó el polémico contrato externalizado de seguimiento de casos de coronavirus. Altos cargos de la empresa pública temen responsabilidades contables, e incluso de otra índole, por el millón de euros que se le pagó de más al conglomerado por gestionar el dial de rastreo por medio de scouts. 

Alertan de ello fuentes del sector que citan los contactos internos que ha venido teniendo la cúpula del SEM desde que la Sindicatura de Cuentas publicara un demoledor informe sobre los pagos de más a la compañía por su contrato de rastreo de infecciones. Los mandos creen que se podrían generar responsabilidades contables o incluso penales que afectarían al "funcionario actuando". Esto es, a los encargados de supervisar el contrato, algo que, según el fiscalizador de dinero público, se hizo de forma muy mejorable. 

Al Tribunal de Cuentas

Por lo pronto, y como explicó este medio, la Sindicatura se dispone a enviar el informe al Tribunal de Cuentas, un trámite habitual cuando se detectan episodios de menoscabo de recursos públicos de los que se podrían generar responsabilidades personales. 

En lo que no hay consenso es con la cantidad desviada con el controvertido encargo de seguimiento, que acabó revertido tras un agrio debate en Cataluña, en el que el estamento médico, comenzando por Metges de Catalunya, sindicato mayoritario entre los facultativos, denunció la ineficacia del contrato para contener la pandemia. Cuentas fija en 1,55 millones la cantidad desviada. La Consejería de Salud la rebaja a 920.000. El departamento no aclara si se ha pedido el reembolso. 

Sueldos de los directivos

Las fuentes consultadas también indican que en Emergencias de Cataluña se confía en que será "complejo" determinar el sobrepago total, por cuanto el elemento nuclear es la cantidad de llamadas que procesó el sistema de rastreo. Mientras ello no ocurre, el caso recalará en el Tribunal de Cuentas, que analizará si hay mimbres para armar un procedimiento de reintegro por alcance. 

En el ente público adscrito al Servicio Catalán de Salud (CatSalut) también preocupan los sueldos de los mandos de nueva designación, de los que informó este medio que se dispararon con la dirección del gerente anterior, Antoni Encinas. De nuevo, la dirección, que aún busca a su sustituto, cree que se podrían generar responsabilidades por hinchar la estructura durante la fase dura de la pandemia. 

La nueva sede, "faraónica"

Lo que subyace en ambos casos es la gestión de una empresa pública que en los últimos años se ha situado en la diana por lunares en su gestión, incluidos los económicos. De hecho, desde el sector concertado se alerta de que el SEM es "carísimo" pese a que apenas opera ambulancias --tiene una flota, pero limitada--, algo que las contratas de transporte sanitario sí hacen. "Ello se agrava con el proyecto de construcción de una nueva sede", precisan. 

Anteproyecto de la nueve sede del SEM; el ICO y Duran i Reynals de Bellvitge, a la derecha / CG

Aunque el cuartel general se pretende costear con fondos europeos Next Generation, y a que se confía en que su construcción siga la metodología lean de reducción de costes y material, desde el sector sanitario se preguntan si "otro arrendamiento" no sería mejor opción para un grupo sanitario que se ha situado en el disparadero por la intensidad presupuestaria que precisa.

"Carencias" en la base

Este hecho contrasta con las "carencias" en Emergencias de Cataluña que denuncian los sindicatos. La parte social recuerda que algunas ambulancias están circulando con temperaturas de "hasta 40 grados" en pleno verano, como recogió Planta Baixa de TV3. Lo que evidencia, bajo su punto de vista, "problemas de infraestructuras" en la empresa pública que pende del CatSalut. 

El SEM ha mostrado fuertes lagunas en el control de sus subcontratas. Como ocurrió con Ferrovial, o con el escaso control del transporte sanitario, donde son las propias empresas las que suben al sistema la actividad a facturar a la empresa pública. Alertó de ello la propia Sindicatura de Cuentas.