Las defensas del ‘caso Borràs’ se dividen mientras la fiscalía desmonta el argumentario de Boye

La primera sesión del juicio por el caso Borràs ha estado marcada por el distanciamiento de las defensas de la presidenta suspendida del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, encabezada por los letrados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, con respecto a las de los otros encausados, el informático Isaías Herrero, que ejerce la abogada Marina Roig, y el empresario Andreu Pujol, representado por Àlex Solà.

La defensa de Borràs ha sido especialmente beligerante con la de Herrero, a la que ha acusado de ocultar las supuestas negociaciones con la fiscalía para intentar lograr un acuerdo para su cliente. A su parecer, eso constituye una falta de lealtad y de deontología profesional teniendo en cuenta que Boye y Elbal se coordinaron con ella durante tres años para preparar la defensa de sus clientes --llegaron a pagar una pericial de forma conjunta-- para construir un frente común que, a horas del juicio, se ha resquebrajado.

"No hagan 'show'"

Este supuesto pacto entre Herrero y Pujol con la fiscalía, con quien habrían acordado una confesión, supondría una reducción de sus eventuales condenas --e incluso eludir el ingreso en prisión--, pero colocaría en el disparadero a la presidenta de Junts. Por eso, la defensa de Borràs se ha dirigido sistemáticamente a los dos procesados en los términos de “acusadores” y a sus abogados como “acusación”, lo que ha elevado la tensión en la sala.

Tal ha sido el enfado de la letrada Marina Roig, que representa a Isaías Herrero, que ha interrumpido el turno de cuestiones previas para solicitar a Elbal “que no vuelva a referirse” a ellos “como los acusadores”. De hecho, ha denunciado que si a Boye y Elbal no les gusta su defensa “no hace falta hacer un show”.

La fiscalía, implacable

La protesta se ha formulado después de que Elbal pidiera al magistrado Jesús María Barrientos, que muy a su pesar preside el tribunal que juzga a Borràs, alterar el orden de las exposiciones para no crear una “grave indefensión” a su defendida. Según ella, hace 72 horas se enteraron de una “situación novedosa” al conocer por los medios de comunicación “que dos de las defensas” les iban “a acusar”. Un extremo que Roig ha negado taxativamente, recordándole que su cliente “es un acusado, no un acusador” y que para muestra, se encuentra sentado en el banquillo al lado de Borràs y se enfrenta a la misma pena que ella.

También ha respondido el ministerio público, formado por las fiscales Assumpta Pujol y Teresa Duerto, que ha asegurado que el acuerdo “no está formalizado”. Aun así ha recordado a Roig y Boye que la Ley de Enjuiciamiento Criminal avala “que las partes puedan tener conversaciones o acuerdos que puedan aligerar la administración de la justicia”. Es decir, que cada acusado puede ejercer su derecho a la defensa como considere oportuno y que si Borràs no ha negociado con el ministerio público es, básicamente, porque no ha querido.

Mientras la defensa de Borràs da palos de ciego esgrimiendo cuestiones procesales ya resueltas como la falta de competencias del TSJC para juzgarla, la fiscalía se ha mostrado implacable. Después de que los abogados de la expresidenta se afanaran en echar por tierra el posible acuerdo, llegando a insinuar a las puertas de los juzgados que los procesados harán declaraciones “compensadas, bonificadas o pagadas” y pusieran en tela de juicio la imparcialidad de Barrientos y la forma de proceder de los Mossos d’Esquadra, la fiscalía ha rebatido punto por punto todo su argumentario. 

Ponen en duda la cadena de custodia

Sobre la pataleta de apartar a Barrientos de la causa por comentarios contrarios al independentismo, insinuando que no será un juez imparcial, la fiscalía se ha opuesto. Sostiene que ya quedó acreditado que no hay riesgo de sesgo y remite a los abogados al escrito que se hizo en su momento.

Sobre la presunta mala praxis de los Mossos d’Esquadra para obtener los e-mails que apuntan a Borràs, el ministerio público sostiene que el acceso y la descarga de los archivos que figuran en la causa estuvo “perfectamente autorizado por la jueza de instrucción”. De hecho, han aclarado, no solo lo ordenó la jueza instructora sino que, además, la actuación de los investigadores estuvo amparada por la Ley 13/2015, que les permitía acceder a carpetas, archivos o dispositivos físicos o electrónicos que pudieran tener relación directa con los hechos investigados. Tampoco se vulneró, según las fiscales, la cadena de custodia de los dispositivos electrónicos, pese a que Boye y Elbal sostienen que incluso se modificaron algunos archivos.

Sola ante el tribunal

El revuelo en torno al supuesto pacto, habitual en este tipo de juicios, ha eclipsado la esencia de este proceso judicial, que pasa por determinar si Laura Borràs fraccionó contratos por valor de 300.000 euros y los adjudicó a dedo como 18 contratos menores a su examigo Isaías Herrero cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Durante el juicio la defensa de la presidenta de Junts intentará que el tribunal deseche como pruebas los mensajes que Herrero compartió con Borràs y que evidencian la comisión de un presunto delito de corrupción.

No será hasta el 20 de febrero cuando los acusados comiencen a declarar. Se espera que Isaías Herrero confiese los hechos por los que la fiscalía le pide seis años de prisión --los mismos que a Borràs, para la que solicita otros 21 de inhabilitación-- para lograr una reducción de su condena y evitar pisar la cárcel. Sin embargo, este pacto con el ministerio público traería implícito inculpar a Borràs, que se queda sola en su defensa ante el tribunal.