El amigo al que Borràs adjudicó contratos a dedo negocia una confesión que la inculparía

Isaías Herrero, el informático al que Laura Borràs benefició con la presunta adjudicación irregular de 18 contratos a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ultima un pacto con la Fiscalía en el que confesaría su forma de proceder señalando a la ahora presidenta de Junts per Catalunya (JxCat) como inductora. A cambio, el antaño amigo de Borràs vería reducida su condena y eludiría su ingreso en prisión. El pacto, según fuentes judiciales, aún no está cerrado y se ultimaría poco antes de empezar el juicio, el próximo viernes.

Así lo sostienen este martes dos medios al corriente de dicho acuerdo, La Vanguardia y El País, según los cuales Herrero explicaría que se limitó a seguir las instrucciones de Borràs desde la ILC para lograr que ésta le adjudicara los contratos a dedo del organismo público de la Generalitat que dirigía.

Seis años de cárcel

El pasado julio, la Fiscalía hizo público su escrito de acusación, en el cual pedía seis años de cárcel tanto para Borràs como para Herrero por los delitos de prevaricación y falsedad. El amigo de la expresidenta del Parlament tenía ya antecedentes, pues en diciembre de 2019 fue condenado a cinco años de cárcel por tráfico de drogas, de manera que otra sentencia condenatoria elevaría mucho su riesgo de entrar en la cárcel.

La causa contra Borràs surgió, del hecho, como consecuencia de la investigación por narcotráfico de Herrero, al acceder los Mossos a conversaciones telefónicas y correos electrónicos entre ambos, en los cuales el informático hablaba de su buena relación con la entonces directora de la ILC, con la que había mantenido una relación profesional en el grupo Hermeneia y en la Universidad de Barcelona. “Yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos trapis por allí”, escribió en un email en 2017.

La investigación apreció, en especial a través de dichos correos electrónicos, que Borràs dio indicaciones a Herrero para hacerse con la contratación de sus servicios como informático presentando varios presupuestos falsos para simular que existía competencia entre varias ofertas. Los contratos se fraccionaron presuntamente de forma ilegal, lo cual permitió adjudicar a dedo trabajos por valor de 335.700 euros. La Fiscalía cree que Borràs abusó de sus funciones y “vulneró los principios de transparencia” que rigen la contratación pública.