El 'caso Borràs' vuelve a colocar al oscuro cerebro informático del Govern bajo el foco judicial

E-mail enviado por Laura Borràs al CTTI sobre un contrato 'a dedo' y fraccionado / FOTOMONTAJE DE CG

Inmune a la pandemia, el CTTI dispone este año de 517 millones de euros de presupuesto, 100 más que los asignados en las cuentas de 2017, a pesar de que la mayoría de servicios están externalizados. Es decir, que su principal función, pues así lo recoge el acuerdo del Govern 144/2011, es la provisión centralizada y la gestión de soluciones TIC de la Administración de la Generalitat y de su sector público.

Opacidad de contratos

Por ello, el CTTI deberá aclarar por qué Borràs se saltó ese procedimiento y fragmentó contratos --como señala la Sindicatura de Cuentas e investiga el Tribunal Supremo-- para poder adjudicar un servicio a un amigo. Ciudadanos ha pedido que el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, dé explicaciones en el Parlament, y ha enviado a la fiscalía nueva documentación que compromete a este oscuro cerebro informático, que ha estado bajo la lupa de los jueces en repetidas ocasiones por la opacidad de los contratos informáticos, así como por su papel en el procés independentista.

Josué Sallent, el hombre de Oriol Junqueras en el CTTI

En ese sentido, la sentencia del Supremo que condenó a los dirigentes independentistas asegura que el CTTI fue utilizado por el Govern para entorpecer las órdenes judiciales, y replicó las webs del referéndum del 1 de octubre utilizando recursos públicos para eludir los requerimientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Hechos probados en el fallo, a pesar de los intentos del hombre de Oriol Junqueras en el CTTI, Josué Sallent --cobra 91.240 euros como directivo del TIC Salut--, por impedir que la Guardia Civil accediera a las cuentas de los implicados en la realización del referéndum.

Maniobras de ocultación

Tanto el CTTI como el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) “fueron puestos al servicio de las maniobras de ocultación encaminadas a evitar el conocimiento por la Administración del Estado de los términos de celebración del referéndum”.

Agentes de la Guardia Civil en el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) el 1-O / EFE

El objetivo del Govern independentista es convertir Cesicat en la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, un paso más en la la histórica aspiración de la Generalitat de dotarse de un servicio de inteligencia, inspirado en el Mossad israelí --según los documentos manejados ya en época de Artur Mas--. Cesicat cuenta con un presupuesto de 7,5 millones --cifra que se pretende doblar en los próximos tres años-- y la tercera parte corresponde a sueldos de altos cargos de la inteligencia catalana; la mayoría de actividades se externalizan a través del CTTI.

El sobresalto de los jueces

Pero es que, además, en el verano de 2019, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió diligencias informativas para investigar si en los juzgados y tribunales de Cataluña se habían producido accesos indebidos, después de que en las pantallas de algunos jueces apareciera un mensaje sobre la “vigencia y aplicabilidad” de la instrucción 3/2018 de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat informando de la posibilidad de acceso a los elementos que conforman las TIC al servicio de la Administración de Justicia para llevar a cabo actividades de “control y seguimiento”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial “atribuye al CGPJ la superior inspección y vigilancia sobre todos los juzgados y tribunales”. El TSJC rechazó la posibilidad de que el Departamento de Justicia entrara en su banco de datos, después de que el exsenador de ERC y magistrado Santi Vidal asegurara que la Generalitat tenía datos fiscales de los catalanes obtenidos de forma ilegal.

Debido al oscuro papel que el CTTI, dependiente del Departamento de Políticas Digitales, ha tenido durante todos estos años, unido al enorme gasto que supone --tiene más presupuesto que los departamentos de Cultura y de Agricultura--, tanto PSC como Ciudadanos propusieron recortar a la mitad la partida destinada a este centro para reasignar ese dinero a la lucha contra el Covid.