Así intentó pararle los pies a Borràs un interventor de la Generalitat

Las supuestas irregularidades detectadas en la contratación de Herrero Florensa, que fueron descubiertas por un interventor de la Generalitat, las investiga ahora el Tribunal Supremo. Los interventores son altos funcionarios que dirigen y gestionan la contabilidad pública, y establecen directrices de actuación en la concesión de subvenciones y ayudas.

Documentos sobre la adjudicación de un contrato por parte de Laura Borràs

Crónica Global ha accedido al intercambio de e-mails entre el CTTI, Borràs y la Intervención de la Generalitat, así como a documentación sobre las facturas y la contratación a dedo de Herrero Florensa. Todo ello no deja lugar a dudas respecto al empeño de la dirigente independentista en que su amigo cobrase por los trabajos efectuados para la conmemoración del Any Bertrana.

En aquellas fechas de 2017, Borràs era directora de la ILC. Según las investigaciones que se llevan a cabo en el Tribunal Supremo --Borràs es aforada por su condición de diputada de JxCat en el Congreso--, el contrato con Herrero fue fraccionado con la finalidad de eludir el concurso público. Borràs está inculpada por los presuntos delitos de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos.

"Os devuelvo el documento"

“Os devuelvo, sin contabilizar, el documento atendiendo que es necesario adjuntar la excepción autorizada del CTTI”, explica el interventor en un documento remitido a la ILC en julio de 2017. Un mes después, el CTTI envió un e-mail a Borràs: “Como ya le he dicho, entiendo que hay unas facturas pendientes. Si Intervención necesita que yo esté de acuerdo con que se paguen los costes incurridos, pues estoy de acuerdo. Aunque no se haya seguido el camino habitual, la labor realizada se debería poder liquidar”.

Orden de pago fraccionado de Laura Borràs

Con esta documentación, Borràs expresa su malestar en otro correo electrónico dirigido al CTTI. “Me sabe muy mal y haremos todas las reuniones necesarias de vuelta de vacaciones, pero quiero que tengas presente que estamos hablando de un pago a terceros de un trabajo que ya está hecho y que se está haciendo mientras tenga lugar la conmemoración del Any Bertrana. El nuevo interventor nos devolvió el pago poniendo esta condición de vuestro OK, pero la realidad es que el proceso no fue así”.

Y añade: “Que a partir de ahora tengamos que hacer las webs o portales con vuestro OK es diferente a no pagar a un tercero por una labor hecha desde comienzos de año, estando como estamos en agosto. Pido un poco de sensibilidad y de responsabilidad de cara a terceras personas, autónomos y trabajadores en precario. Nosotros podemos comentarlo todo y hacerlo todo como se establece, pero este tema debe quedar resuelto ya porque no puede esperar más y estamos haciendo un agravio a un tercero que ha hecho un trabajo cuando la factura ya está en Intervención”.

Órdenes de pago

Ese mismo mes de agosto, la ILC ordenaba al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria el pago de 17.323,17 euros a Isaías H. F.

El 26 de junio de 2018, el sustituto de Borràs al frente de la ILC, Joan-Elies Adell, certificó que Isaías Herrero, “adjudicatario del contrato consistente en la creación y mantenimiento de la web del Any Bertrana, por un importe máximo de 19.420,50€ (IVA incluido), ha llevado a cabo de manera correcta el mantenimiento del portal anybertrana.cat durante 2017”.

Pagos a otras empresas por servicios similares a los efectuados por Isaias Herrero

El líder catalán de Cs, Carlos Carrizosa, ha anunciado hoy que pondrá en manos de la fiscalía toda esa documentación que, a su juicio, demuestra que la exconsejera de Cultura podría haber cometido un delito.

Carrizosa, además, cree que los datos demuestran un sobrecoste por servicios, porque cuando los contratos se empiezan a hacer en 2017, el CTTI valoraba en 2.000 euros servicios asimilables a los que finalmente hizo “el amigo de Borràs". Asimismo, la formación naranja ha pedido la comparecencia del consejero de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, dado que el CTTI depende de su departamento, para que informe sobre las supuestas irregularidades en la contratación.