El exconsejero Felip Puig testifica en la Audiencia de Barcelona en el juicio por el presunto espionaje al Cesicat / EP
Fiscalía cree probado que el exdirector del Cesicat espió a un trabajador
El presunto afectado denunció "corruptelas" en las contrataciones que afectaban a la seguridad del CNI catalán
23 septiembre, 2020 13:02La fiscal cree probado que el exdirector del Cesicat Carles Flamerich y el exresponsable de incidentes Xavier P. cometieron un delito de descubrimiento de secretos al expiar correos de un trabajador, por lo que pide 4 años y 3 meses de prisión y 8 de inhabilitación en sus conclusiones definitivas.
El trabajador en cuestión, Albert G., había denunciado en 2013 presuntas irregularidades, "corruptelas" en las contrataciones y deficiencias técnicas que afectaban a la seguridad de este organismo, el CNI catalán, situación que puso en conocimiento de los acusados, así como de los exconsellers Felip Puig y Ramon Espadaler y de otros altos cargos de la Generalitat mediante el envío de correos electrónicos.
Acceso a los correos
El ministerio público sostiene que los dos imputados, "obrando de común y mutuo acuerdo", acordaron la creación de un sistema para poder acceder a los correos electrónicos que el denunciante enviaba, --un filtro--, de manera que estos llegaban a su legítimo destinatario, pero también a un archivo al que podían acceder los acusados --un buzón en el que se almacenaba toda la información--.
Durante el juicio, que ha concluido este miércoles en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, la Fiscal ha considerado probado en sus conclusiones finales que Flamerich "ordenó que se filtrasen" los correos que la persona denunciante enviaba a cargos de la Generalitat, y que el otro imputado "tenía conocimiento de ello", como demuestran las pruebas periciales.
"Protocolo de seguridad"
Por su parte, la acusación particular ha rebatido las afirmaciones del exdirector del CNI catalán, quien ha declarado ante el tribunal que la conducta del denunciante podía suponer una amenaza, por lo que se activó el protocolo de seguridad.
Mientras que la defensa de los acusados, que ha pedido una sentencia absolutoria, ha esgrimido que "estaba justificada la colocación del filtro por la amenaza" que suponía la persona de Albert G., tal como han sostenido los dos acusados en sendas declaraciones ante el tribunal.
