Un activista ‘indepe’ decidirá sobre la libertad de los presos del ‘procés’

La clasificación penitenciaria de los presos independentistas se conocerá en las próximas horas. Arrancará entonces un proceso en el que las defensas de los dirigentes condenados por el Tribunal Supremo intentarán que puedan acceder a un régimen abierto. Algo que, en cualquier caso, no sucederá antes de Navidad.

La última palabra sobre esa adjudicación la tiene el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Consejería de Justicia, en manos de ERC. Se trata de Amand Calderó, un activista independentista que, el verano pasado, concedió en dos ocasiones un régimen de semilibertad al exdirigente de CDC, Oriol Pujol. No habían pasado ni dos meses desde que ingresó en prisión tras ser condenado a dos años y seis meses por cohecho y falsedad documental. La Justicia impugnó ese privilegio, que finalmente recuperó.

Oriol Pujol Ferrusola en los juzgados / EP

No es de extrañar, por tanto, que todas las miradas estén centradas ahora en Calderó, pues los abogados de los responsables del procés pretenden seguir los pasos de Oriol Pujol.

El seguimiento de los presos y las juntas penitenciarias dependen desde 1984 de la Dirección General de Servicios Penitenciarios que, hace cinco meses, fue absorbida por una nueva secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a las Víctimas. Al frente de la misma se encuentra el hasta entonces director, Amand Calderó (lo fue entre enero de 2016 y enero de 2018), quien nunca ha escondido su activismo independentista. Luce lazo amarillo en actos y comparecencias parlamentarias, y se ha manifestado a favor de la liberación de los presos independentistas. 

El procedimiento

Tras el ingreso en prisión de un condenado, la Junta de Tratamiento de la cárcel --compuesto por un equipo multidisciplinar-- tiene dos meses para hacer una propuesta de clasificación. El plazo vence, en el caso de los secesionistas, el 14 de diciembre. Posteriormente se eleva al Servicio de Clasificación de la Subdirección General de Programas de Rehabilitación y Sanidad de la Secretaria de Medidas Penales.

El apoyo de Convergència a determinadas reformas penales han influido en el proceso judicial que ha culminado con las condenas de los dirigentes independentistas / ÓMNIUM

Tal como informaron ayer fuentes jurídicas, es muy improbable que se conceda de forma automática el tercer grado --que permite ir a la cárcel sólo para dormir e incluso pasar el fin de semana en casa--, y es ahí donde las defensas acudirán al artículo utilizado por el hijo del expresidente Jordi Pujol, el 100.2 del reglamento penitenciario, según el cual, a los efectos de flexibilizar el sistema de clasificación de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, se permite al interno salir a trabajar al exterior a pesar de estar clasificado en segundo grado. El objetivo es estabilizar y potenciar las esferas sociofamiliar y laboral del interno en aras a su reinserción social.

Petición de dimisión de ACAIP

Calderó (Barcelona, 1959), cuyo sueldo bruto anual es de 89.453 euros, y que sobrevivió a la aplicación del artículo 155, participó en noviembre de 2017 en una concentración ante la antigua cárcel Modelo de Barcelona para expresar su rechazo a la reclusión de los "presos políticos" que entonces se encontraban en prisión preventiva. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) pidió su dimisión. “Como máximo responsable de los servicios penitenciarios en Cataluña no puede poner en duda la independencia del poder judicial, que es quien cada día envía internos --preventivos o penados-- a nuestros centros. Dichos presos podrían, siguiendo el ejemplo que usted da, declarar la ilegitimidad de su situación en prisión y hasta la legitimidad de nuestro propio ejercicio profesional", avisó el sindicato.

La directora del centro penitenciario Lledoners, Paula Montero / EE

Dentro de la reestructuración llevada a cabo por la Consejería de Justicia en los meses previos a las condenas del procés figura el ascenso el pasado mes de octubre de quien fue directora de Lledoners, Paula Montero, elevada a la subdirección general de Centros y Gestión Penitenciaria. El motivo de la sustitución de Pedro Domínguez, que hasta entonces ocupaba ese puesto, se debe a un giro de la política penitenciaria catalana consistente en dar un mayor protagonismo a las políticas de tratamiento para potenciar programas formativos y psicosociales, así como los contactos de los presos con el exterior con fines de reinserción. Una premisa que va a ser decisiva en el tratamiento de los independentistas condenados.