La mordaza de Borràs aflora los límites de la desobediencia independentista

Paralizar el Parlament para defender el derecho de un diputado inhabilitado a ejercer sus funciones. Un contrasentido que no ha pasado desapercibido para juristas consultados por Crónica Global, perplejos ante la “retórica” de Laura Borràs. Porque, tras 24 horas de suspensión de la actividad parlamentaria, la Comisión del Estatuto del Diputado aprobó un dictamen, de dudoso rigor jurídico según la oposición, en el que se acuerda mantener el escaño de Pau Juvillà, cuya inhabilitación ha dado lugar a nuevos amagos de desobediencia por parte de los partidos independentistas. Retórica y amagos. Porque ni siquiera los abogados de referencia de los secesionistas han sido capaces de aclarar hasta dónde son capaces de llevar su desacato.

En el citado dictamen se precisa que “el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos". El abogado y presidente de esa comisión, Jaume Alonso-Cuevillas, no supo explicar qué tipo de acciones podrían conducir a los trabajadores de la Cámara a colocarse en esa situación. Como tampoco concretó qué pasos se darán a partir de ahora, a la espera de que el Pleno valide ese dictamen. Eso sí, el neoconvergente sacó pecho de la actuación de Borràs, que comparó con la que tuvo su predecesor Roger Torrent con el expresidente Quim Torra. Cuevillas afirma que, en este caso, la Cámara ha sido más "activa". Aunque, en realidad, con Torra se agotaron todos los recursos hasta que su inhabilitación ganó firmeza. Como también harán los independentistas en este caso.

El presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados, Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat)

Tormenta política

El acuerdo de la comisión [se puede leer en este enlace] venía precedido de la tormenta política generada por la suspensión de la actividad parlamentaria propuesta por Borràs. PSC, Ciudadanos, PP y Vox han presentado en la Mesa del Parlament una petición de reconsideración de esa parálisis, que no tiene precedentes. Ni siquiera durante la crisis de pandemia, según recordaban los socialistas en su escrito.

“Suspender la actividad del Parlament con la excusa de defender el hipotético derecho de un diputado, pendiente de recurso en el Tribunal Supremo, me parece una barbaridad. Al recorrido de la presidenta Borràs sólo le falta esta ocurrencia”, afirma Joan Marcet, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y miembro del Consejo Académico del CEVIPOF-SciencesPo-Paris.

"Inaceptable"

Igualmente perplejo se muestra el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Xavier Arbós. “Aún discrepando, como es mi caso, de la resolución de la JEC, la respuesta me parece inaceptable. Si se dice que a Pau Juvillà la JEC le priva de su derecho de participación, boicotear el funcionamiento normal del Parlament priva del derecho de participación a los diputados de la oposición”.

Añade que “la mayoría puede expresar su desacuerdo con la actuación de la Junta Electoral y los tribunales, pero no de forma que impida la actuación de la minoría. Y todo ello envuelto en una retórica que contradice las medidas prácticas por las que ya se comienza a dar cumplimiento a la resolución de la JEC. Es un episodio poco edificante”. Arbós concluye que “la institución, e incluso el propio Pau Juvillà, merecen algo mejor”.

"Nacional-populismo"

Especialmente crítico se muestra Paris Grau, profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona (UB). "El nacional-populismo, ideología practicada por los independentistas catalanes, aborrece las leyes, la separación de poderes, la democracia, la prensa libre o las ideas contrarias a las suyas; es decir, les molesta la libertad. El modelo iliberal que tienen en su cabeza se ha ido gestando a lo largo de los últimos 40 años, teniendo como momento cúlmen las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament de Catalunya en los fatídicos días 6 y 7 de septiembre y el referéndum ilegal del 1 de octubre”, afirma.

Parlament vacío / EUROPA PRESS

Para Grau, “el último golpe a la democracia liberal, por parte de los nacionalistas catalanes, ha sido la suspensión de la actividad del Parlament de Cataluña como forma de protesta. Es inaudito que una Cámara legislativa se declare en huelga y deje de llevar a cabo sus funciones, entre las que se encuentra, por ejemplo, la función legislativa o la del control del gobierno”.

El profesor parafrasea a Cayetana Álvarez de Toledo, quien aseguró que “el Congreso no se cierra ni en situación de guerra", en referencia a la situación de las Cortes durante la pandemia. “Su afirmación se puede aplicar a Cataluña: el Parlament de Catalunya no se cierra ni en situación de guerra, y menos para apoyar a un condenado por un delito de desobediencia grave”, añade Grau.