Así celebraba Torra las leyes de ‘desconexión’ del 6 y 7 de septiembre

Este viernes y sábado se cumplen dos años de la aprobación en el Parlamento de Cataluña de las denominadas leyes de desconexión --de referéndum y de transitoriedad jurídica--, con las cuales el gobierno catalán pretendió dar amparo legal al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Una normativa aprobada por los partidos secesionistas (JxSí y CUP) a pesar de las advertencias contrarias de los letrados y servicios jurídicos de la Cámara, y declarada ilegal posteriormente por el Tribunal Constitucional. La segunda, de hecho, pretendía ser la “norma suprema” de Cataluña durante un año si ganaba el sí a la ruptura con España, y se imponía sobre la Constitución y el Estatut hasta el advenimiento definitivo de la nueva “república”.

El trámite parlamentario estuvo repleto de polémica puesto que, además, ambas leyes se aprobaron con una simple mayoría parlamentaria –un 47% de los votos obtenidos en las autonómicas, en vez de los dos tercios necesarios para cualquier cambio en el autogobierno--, y a través de procedimientos irregulares, alterando el orden del día, por lectura única y sin contar con el dictamen el Consejo de Garantías Estatutarias, vulnerando derechos de la oposición.

Todo ello no fue obstáculo para que la mayoría parlamentaria independentista las sacara adelante, y para que fueran celebradas y aplaudidas por la plana mayor nacionalista. Entre esas personalidades se hallaba Quim Torra, un editor que en 2015 había desempeñado durante unos meses la presidencia de Òmnium Cultural y del que, en aquella época, nadie podía imaginar que acabaría siendo presidente de la Generalitat.

"Por fin se acaba el franquismo"

Sin responsabilidades institucionales por entonces, Torra respaldó con entusiasmo ambas jornadas parlamentarias. Una desinhibición que le llevó a comentarlas con espontaneidad, vehemencia y cierto tono faltón hacia la oposición, a la que calificaba como “bancada borbónica”.

Así, por ejemplo, el hoy máximo mandatario del gobierno catalán se alegraba, en esos dos días de septiembre de 2017, de estar viendo “en directo como se acaba, por fin, el franquismo”.

Independentista, tradicionalista, y a menudo desdeñoso con España y sus instituciones –al llegar a la presidencia de la Generalitat, borró otros tuits previos de claro corte supremacista y xenófobo--, Torra no escatimaba críticas a los líderes de los partidos contrarios a la secesión. “Ningún escocés se opuso al derecho a decidir de su país. Votaron sí o no, pero respetaron a su país”, se quejaba. Y, bajo esa lógica, cargaba contra el PP –“a mí, el señor Albiol me fractura”-- o Ciudadanos.

El "cinismómetro" de Iceta, Coscubiela y Rosa Parks 

Todavía más contundente se mostraba con los principales dirigentes de la izquierda catalana, como por ejemplo Miquel Iceta, del PSC, de quien decía que estaba “petando el cinismómetro”. Y, sobre todo, con el entonces el diputado de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), Joan Coscubiela, al que dedicó comentarios como los siguientes por oponerse a las leyes de ruptura y su forma de tramitarse: “Después de hoy, el señor Coscubiela tendría que recibir inmediatamente la Gran Cruz Laureada de San Fernando de manos del rey Felipe VI de España”. O bien: “En el autobús de Rosa Parks, el señor Coscubiela se habría enfadado mucho con ella porque se sentara, contraviniendo las normas”.

Al acecho de los alcaldes

El hoy presidente de la Generalitat apuntaba también de forma especial contra todos aquellos alcaldes que no se prestaran a la organización del referéndum ilegal, que se celebraría el 1 de octubre. Entre ellos, la de Barcelona, Ada Colau: “Como barcelonés pido que la alcaldesa cumpla con la legislación vigente, la Ley del Referéndum, y no infrinja nuestros derechos”.

Torra iba incluso más allá intentando presionarles con comentarios casi intimidatorios, sosteniendo que se debía “defender con toda firmeza que aquellos no cumplan la Ley del Referéndum están fuera de la legalidad” e “infringiéndola”.

"Quitarse al Constitucional de encima"

Y es que el dirigente independentista estaba convencido de que, con la aprobación de las leyes de ruptura, las instituciones españolas dejaban automáticamente de tener potestad en Cataluña. Un convencimiento que le llevaba a alegrarse por “levantarte habiéndonos quitado al Tribunal Constitucional de encima”; o a proclamar que “me parece que es al revés: no es que el Tribunal Constitucional (TC) suspenda la Ley del Referéndum, sino que la Ley del Referéndum ha suspendido al TC”.

Budó, firmando como alcaldesa

Otros miembros de su actual gobierno compartían su felicidad. Como por ejemplo Meritxell Budó, actual consejera de Presidencia, que en aquellas fechas firmaba, “como alcaldesa de La Garriga, el decreto de apoyo al referéndum convocado por el Govern”.

Lo mismo que hicieron otros alcaldes independentistas. Entre ellos, “los centenares del PdeCAT”, tal y como se encargaba de recordar el hoy consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró. "Si estamos todos, somos imparables", sostenía.

La vehemencia de Bargalló

Entre los dirigentes más contundentes y activos en las redes sociales figuraba el ahora consejero de Educación, Josep Bargalló, que al igual que Torra dirigía parte de sus dardos hacia la alcaldesa Ada Colau. En respuesta a la colaboradora de TV3 Empar Moliner, que preguntaba si se podrían “ocupar” los centros de votación en Barcelona si el ayuntamiento no los cediera, el dirigente de ERC proponía: “Ocupadlos directamente. Eso sí, cuando os envíe la Guardia Urbana, mirad directamente a la cámara, que siempre queda guay”, en clara alusión a una de las fotos más célebres de Colau cuando era activista de la PAH.

Los actuales miembros del gobierno que comentaron las sesiones en Twitter --como Ester Capella (Justicia), Alba Vergés (Salud), Damià Calvet (Territorio), Alfred Bosch (Exteriores) o Teresa Jordà (Agricultura)-- coincidían en aplaudir la aprobación de ambas leyes. El de Trabajo, Chakir El Homrani, explicaba en un largo hilo de Twitter el por qué de su “orgullo, alegría y responsabilidad”:

La "opresión" de Borràs y Costa

Y lo mismo ocurría con tantos otros dirigentes, como los hoy principales referentes de Carles Puigdemont en Junts Per Catalunya. Es el caso de la exconsejera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, que decía querer “dejar de estar en una situación de opresión, discriminación y maltrato continuado”. En aquellas fechas, Borràs era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, cargo por el cual percibía casi 92.000 euros anuales, además de colaboradora en diversos medios de comunicación catalanes.

También se sentía muy oprimido Josep Costa, actual vicepresidente de la Mesa del Parlament, que veladamente admitía las irregularidades del 6 y 7 de septiembre con este comentario: “Esto del Reglamento del Parlament sería como romper una ventana. Si lo haces para robar es delito. Pero para huir de un secuestro es bien legítimo”.

Política "del siglo XXI"

Con la misma contundencia se expresaba también la hoy diputada en el Congreso Míriam Nogueras, que además de poner el foco sobre Colau por no ceder centros de votación, consideraba que con las leyes de desconexión ”lo que está muriendo en Cataluña es la política del siglo XX. Entramos de lleno en el XXI”.