Clamor empresarial para recurrir el decreto que aplaza las elecciones

¿Elecciones aplazadas o suspendidas? Este es el debate social, económico y jurídico que ha desatado el decreto que “deja sin efecto la celebración” de los comicios catalanes previstos para el 14F. Y a la espera de que el Govern aclare esa cuestión en las próximas horas, lo cierto es que hay cierta unanimidad respecto a las debilidades legales de ese decreto que, según ha podido saber Crónica Global, las patronales Foment del Treball y Pimec estudian impugnar por vía judicial. El PSC también explora esa posibilidad, al igual que Vox. Y, según aseguran expertos consultados por este medio, hay argumentos jurídicos suficientes para ello.

Las patronales citadas ya rechazaron de forma contundente posponer los comicios, señalados ahora para el 30 de mayo. “El país requiere con urgencia la constitución de un gobierno estable y fuerte con capacidad de tomar las decisiones necesarias y aprobar los presupuestos de la recuperación económica y social”, aseguraban el miércoles en un comunicado, cuando ya se especulaba con un posible cambio de fecha.

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès (ERC), firma el decreto de aplazamiento de las elecciones del 14F / GOVERN

Tras confirmarse la nueva fecha vía decreto, la junta de Foment abordará la nueva situación creada con el objetivo de decidir, según fuentes de la patronal, si se presenta un recurso contencioso-administrativo contra la norma catalana, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña --se puede leer en este enlace]-- y el BOE. Una medida que Pimec vería con buenos ojos.

Embrollo jurídico

Igualmente críticos se mostraron los sindicatos CCOO y UGT con un aplazamiento que "empeora la salida de la crisis económica" y ahonda en la "interinidad institucional que rige la Generalitat de Cataluña". Aunque en su caso, no se valora de momento emprender esas acciones legales. El PSC sí que analiza esa vía, al igual que Vox. Y, atención, que un particular con derecho a voto también podría presentar un recurso. El embrollo está asegurado.

El Govern debe concretar en un nuevo decreto si, como temen los socialistas, la nueva fecha exige repetir la presentación de candidaturas y la recogida de avales, en el caso de los partidos que se presentan por primera vez a las elecciones. Ello convierte el aplazamiento en una suspensión, con la falta de sustento legal que ello comporta.

Y aunque todos los partidos reconocen que el escenario que se abre a partir de ahora es inestable y prolonga la agonía de un gobierno roto, Ciudadanos, PP y los comunes apoyan el aplazamiento.

Crisis institucional

Desde el punto de vista estrictamente político, la nueva fecha electoral prolonga, por lo menos hasta el verano --si es que no se aplazan de nuevo las elecciones-- una crisis institucional en la que los dos socios del Govern están peleados por el voto independentista y tienen competencias limitadas, y sin que el Parlament, disuelto, tenga capacidad de control.

“Se trata de una prueba más de la mala gestión. En todos los aspectos, de la misma epidemia, pues tampoco han sido capaces de haber preparado las elecciones adecuadamente”, afirma el presidente de Empresaris de Catalunya, Carlos Rivadulla. “Si la pandemia y las medidas restrictivas duran seis meses más, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así, con el desgobierno? ¿No se podían haber hecho cambios legislativos y logísticos adecuados?”, se pregunta el empresario.

Tres debilidades jurídicas

¿Pero hay recorrido para presentar un recurso? Los expertos aseguran que sí. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), Xavier Arbós, aduce tres razones o “debilidades” de la norma catalana: “Vulneración del principio de legalidad, inseguridad jurídica y falta de justificación de la restricción del derecho fundamental a la participación”, explica a Crónica Global. Considera que, en caso de un recurso, se podría alegar la vulneración del artículo 9 de la Constitución, que regula el principio de legalidad y la jerarquía normativa, pues el decreto atenta contra el calendario electoral establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

Gabriel Colomé, profesor titular de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pone el acento en el artículo 2 del decreto pues, a su juicio, “permite convocar nuevas elecciones de manera arbitraria”. Ese artículo dispone que las elecciones “se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña” mediante “decreto del vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalitat”. Pero Colomé niega la mayor, esto es, que un presidente en funciones pueda convocar elecciones.

Aragonès no puede convocar elecciones

En efecto, la inhabilitación de Quim Torra y el nombramiento de Pere Aragonès como presidente en funciones abrió un escenario sin precedentes. Según la ley de la presidencia de la Generalitat, “ni la suplencia ni la sustitución del presidente de la Generalitat permiten ejercer las atribuciones del cargo relativas al planteamiento de una cuestión de confianza, a la designación y el cese de los consejeros o la disolución anticipada de la legislatura”.

Es decir, la ley no prevé que Aragonès convoque elecciones o estas se convoquen automáticamente transcurridos los plazos establecidos para buscar un candidato. Pero, finalmente, “la disolución del Parlament se hizo de forma automática”, precisa Colomé, por lo que, formalmente, se han suspendido unas elecciones que nunca fueron convocadas oficialmente. Y, a su juicio, la situación no es comparable al aplazamiento de las elecciones vascas y gallegas.

De hecho, la decisión de posponer aquellos comicios tampoco tuvo una base legal clara, precisa Arbós, aunque en aquel caso hubo unanimidad de los partidos y las elecciones habían sido convocadas antes de la pandemia.