Colau desvía al Gobierno la crisis presupuestaria y de vivienda de Barcelona

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, trata de desviar la crisis presupuestaria y de acceso a la vivienda de la Ciudad Condal. La primera edil ha remitido hoy jueves, 21 de mayo, una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide disponer del déficit municipal acumulado en los útlimos años, una medida que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya anunció en marzo y que el Ejecutivo local confirmó en abril, aunque con la tutela de Hacienda. Con lo que respecta a vivienda, Colau ha pedido más oxígeno contra los desahucios: seis meses más de moratoria de los lanzamientos.

Lo ha anunciado la propia munícipe en rueda de prensa junto con la concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín. Colau, tras remitir la misiva, ha denunciado que los ayuntamientos "tienen la capacidad económica secuestrada por una ley injusta aprobada por gobiernos pasados en el marco de las políticas de austeridad". Ha manifestado la jefa de corporación que disponer del exceso presupuestario acumulado del Ayuntamiento de Barcelona "es algo que he pedido en incontables ocasiones". También a Unidas Podemos, su partido de referencia y socio del PSOE en el Gobierno de la nación. Moncloa ya recogió el guante y anunció a principios de abril que permitiría, precisamente, usar ese excedente a los ayuntamientos para muscular sus servicios sociales. ¿Qué aporta pues la misiva de hoy? "Es mi deber recordar que debemos disponer ya de ese remanente. Lo recordaré a cada oportunidad", ha señalado Colau a preguntas de este medio.

Pide seis meses más contra los desahucios

En materia de Vivienda, sí han anunciado novedades las dos concejales. La alcaldesa de Barcelona ha pedido extender seis meses más la moratoria nacional contra los desahucios. Es para ello que se impone la "firma de un pacto de Estado". ¿Con qué fin? "Extender la moratoria contra los desahucios, sí, pero también que el resto de administraciones se pongan en marcha con la construcción de viviendas de alquiler asequible, ya que prácticamente somos la única administración que estamos con ello", ha indicado Martín. A este respecto, la electa ha anunciado que el Ayuntamiento de Barcelona agregará 2,5 millones de euros al fondo de emergencia estatal para pagar el alquiler (de 10 millones de euros para la Ciudad Condal). También ha dato algunos datos: la crisis del Covid-19 ha dejado 28.000 consultas de vecinos sobre vivienda, la mayoría de ellas relacionadas con dificultades para pagar el alquiler.

Ante esta situación dramática en materia de vivienda, el ayuntamiento, ha recalcado la también exdiputada de Unidos Podemos, actuará. "Reforzaremos la unidad antidesahucios y pondremos en marcha el operador metropolitano de vivienda", ha enumerado. Respecto a esta última empresa mixta metropolitana de promoción de pisos asequibles ¿cuándo empezará a licitar y construir? "En las próximas semanas", ha prometido Martín. Lo que no ha sabido contestar la electa es cuántas promociones de vivienda pública municipal están en marcha. "Son decenas", ha contabilizado a preguntas de este medio. En enero y tal como avanzó El País, las obras eran solo 13 de 65.

Agujero de 250 millones en los ingresos

La comparecencia de Colau y Martín de hoy tiene un trasfondo claro: el descalabro del presupuesto municipal de Barcelona por la crisis del Covid-19. El bipartito municipal de BComú y PSC lo cuantifica en 310 millones de euros, 250 de ellos en el capítulo de ingresos. Los servicios sociales de la segunda mayor ciudad española, además, están tensionados, con aumentos de peticiones del 300% en el Raval por la crisis económica, ha admitido la alcaldesa. Es quizá por ello que la Ejecutivo sociocomún se niega a bajar algunos impuestos --como el IBI-- o a reducir o a aplazar otros, como la nueva tasa de residuos, que entrará en vigor en junio con horizonte de cobro en julio.

En las próximas semanas, pues, comenzará una negociación entre el gobierno municipal y la oposición para reconfigurar las cuentas locales para 2020. Las últimas, aprobadas antes de la pandemia, fueron aprobadas por BComú y PSC, sí, pero también por ERC y Junts per Catalunya. Está por ver si los dos partidos independentistas volverán a salvar los números de ingresos y gastos de Colau si ésta no decide reducir la presión fiscal a los barceloneses.