Colau busca cómo convencer a los promotores para construir vivienda pública

Los Gobiernos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y de la capital catalana, ambos encabezados por Ada Colau, mantienen su empeño en constituir una sociedad de economía mixta para construir los 2.800 pisos de protección oficial que necesita el territorio. En este caso, y en contra de los que prodiga Barcelona en Comú en otros ámbitos como la gestión del agua, la colaboración público-privada se defiende como la mejor alternativa para responder a las promesas de vivienda pública incumplidas a lo largo del último mandato.

El primer intento de convertir Habitatge Metròpolis Barcelona en una compañía mixta ha fracasado. Salvo sorpresas de última hora, el cuatripartito de la AMB comunicará en el Consejo Metropolitano de la próxima semana que el concurso público para seleccionar a un socio privado para este fin se ha tenido que declarar desierto.

Una oferta incompleta de Cevasa

Así lo aprobó el consejo de administración de la compañía formada por las dos administraciones del pasado 1 de octubre. Sólo Cevasa había presentado una oferta, pero la plica del grupo presidido por Jaume Dedeu no cumplía con los requisitos mínimos de la adjudicación y la mesa se vio obligada a desestimarla.

Fuentes municipales indican que tanto el Ayuntamiento como el AMB trabajan ahora para decidir cuál será el próximo paso que den. No tiran la toalla en dar forma a la sociedad de economía mixta a la que aspiran, pero se requiere una “aproximación jurídica” para empezar a debatir cuál sería la mejor opción para atraer a los promotores privados.

Imagen de archivo de un edificio de viviendas en construcción / EUROPA PRESS

Sector en contra

No se toparán con un sector demasiado proclive a colaborar con los comunes. Los promotores son especialmente críticos con las políticas que se han aplicado a nivel local, especialmente la normativa que obliga a incorporar el 30% de vivienda social en todas las nuevas promociones por encima de los 600 metros cuadrados.

El rechazo a la medida se tradujo en una caída de los proyectos iniciado en la ciudad del 62% en el primer trimestre de 2019, según datos de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE). Esta realidad añade más presión al parque de viviendas en oferta en Barcelona, tal y como advierten los empresarios. Por lo que no sería precisamente una palanca de ayuda para corregir la escalada de precios de los últimos años (que bajan, pero más por una cuestión del contexto económico internacional).  

Alternativas legales

Colau y su equipo disponen de dos posibilidades. La legislación vigente entiende que los concursos públicos quedan desiertos por errores en el diseño del pliego de condiciones del contrato. Por esto permite que se inicie un proceso negociado en el que se invitan a las compañías que podrían prestar el servicio, en este caso, promotores, para debatirlas y mejorarlas. Al final, se adjudicará de forma directa la concesión a una de ellas.

La otra alternativa es que el AMB y el Ayuntamiento regresen al punto de partida. Es decir, reformulen las bases del contrato y lancen un nuevo concurso. Se trata de un proceso más lento pero igualmente válido, tal y como advierten los expertos en derecho público consultado. La resolución se verá en cuestión de semanas.