Unos 400.000 niños son víctimas de la pobreza infantil en Cataluña. Los datos los ha aportado esta semana Save the Children, que explica que más del 28% de los menores de edad que residen en el territorio sufren carencias básicas en su día a día. Esta cifra ha mejorado en 4,8 puntos porcentuales respecto a 2020, el año en que se tocó fondo en una de las realidades más lacerantes de nuestra comunidad.

Aun así, el optimismo se debe moderar. Si se analiza el impacto de la pobreza en toda la población, son los más pequeños el colectivo que presenta una peor tasa por grupo de edad. Sufren más la exclusión social y sus consecuencias les siguen de adultos. De hecho, la organización alertó de que los efectos de sufrirla “acompañan de generación a generación”.

Las crisis sucesivas y los recortes en el gasto público que han implicado se han traducido en no solo que los pequeños tengan más carencias, sino también en que el ascensor social haya encallado. Si se nace pobre, la precariedad será una constante en el futuro. Esta realidad se ha hecho tozuda con la pandemia y sus restricciones, que han impactado de lleno en los colegios.

La comunidad educativa encara las vacaciones sumida en una de las crisis laborales más grandes de los últimos años. Los cambios aplicados de forma unilateral por parte de la Generalitat para reorganizar el curso escolar 2022-23 les mantienen desde hace meses en pie de guerra y el choque ha enrocado. No hay visos de mejora y, tal y como alertan los docentes, las fórmulas propuestas por el Govern en pro de la igualdad y de avanzar en conciliación familiar tienen trampa.

Faltan recursos (refuerzos de plantilla, básicamente) para que los niños puedan volver antes a clase y empiecen el curso escolar de la misma forma que el resto de años. Los sindicatos alertan incluso de que no habrá suficientes monitores para los alargamientos de jornada y que este servicio se deberá pagar aparte, otro elemento que marca diferencias capitales entre familias.

Otra de las medidas estrella anunciada a bombo y plantillo por el Ejecutivo de ERC y JxCat, con foto del presidente incluida, fue que se daban los primeros pasos para la gratuidad de las guarderías. Se anunció que ya el próximo curso escolar el P2, el último de la educación no obligatoria, sería gratuito para todos, tanto para las familias que habían obtenido una plaza en el sistema público (hay muy pocas) como para las que habían tenido que optar por el privado.

Ya en ese momento se avanzó la complejidad que tenía la Administración para subvencionar parte de la educación privada en la franja 0-3. No hay unidad en los precios --van de los 500 euros a superar los 1.000--, existen profundas diferencias territoriales y han aparecido otras realidades por la organización de las familias. De las madres de día a los pequeños grupos que se basan en metodologías Montessori.

La realidad es que el próximo año solo será gratuito el P2 en las públicas. No se ha llegado a tiempo para las guarderías a las que acuden la mayoría de bebés en el territorio (por la falta de plazas) y los sindicatos muestran su falta de confianza en que se consiga ni siquiera en el curso 2023-24. Especialmente si, finalmente, se entra de nuevo en año electoral.

La pobreza infantil es lacerante y las iniciativas que se ponen en marcha a favor de la igualdad se estrellan por la incapacidad de una Administración pública que se centra en mirarse el ombligo. Al final, se impone la realidad de que el éxito futuro de cualquier niño depende en exclusiva del código postal del sitio donde nazca.