Tras los indultos a los líderes del procés, la supresión de la sedición y la carta blanca para que el Govern actúe contra el 25% en castellano, llega la malversación a medida del cliente. Se completa así el póker de cesiones inconcebibles a quienes más salvajemente han actuado contra el Estado de derecho y contra la convivencia en Cataluña en los últimos años.

Ni una sola de estas medidas fueron planteadas por el presidente Sánchez durante la campaña electoral de las elecciones de noviembre de 2019. Es más, su posición fue abiertamente crítica con los nacionalistas. Llegó incluso a abjurar (con cierta indignación, ¿recuerdan?) de cualquier pacto con los independentistas, prometió incorporar los referéndums ilegales en el Código Penal y se comprometió a traer de vuelta a Puigdemont para sentarlo en el banquillo de los acusados.

La reforma del delito de malversación es una petición expresa de ERC al Gobierno con el objetivo de que, dicen, no sea “utilizado para reprimir y perseguir al movimiento independentista y la disidencia política".

La propuesta de los independentistas consistiría en establecer condenas de hasta ocho años de cárcel para aquellos que se lucren con la malversación, y de hasta cuatro años para los que no destinen los fondos públicos distraídos a su propio beneficio.

Los que sí se beneficiarán con este cambio son, al menos, una veintena de políticos secesionistas condenados, procesados o investigados por el 1-O. Entre ellos, Oriol Junqueras (presidente de ERC), Carles Puigdemont (ex presidente de la Generalitat fugado), Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó (sí, el de las “tetas gordas”, recientemente designado presidente del Puerto de Barcelona con el aval del PSC) y los huidos Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

Hoy, el presidente Sánchez se esfuerza por hacernos entender lo necesario de retocar la malversación. Y, para ello, apela al derecho comparado, a los códigos penales de los países de nuestro entorno.

Pero la realidad es que el líder del PSOE está dispuesto a mantenerse en la Moncloa a cualquier precio. Esto ya no responde ni siquiera a la estrategia del contentamiento. No se trata de apaciguar a los radicales. Se ha pasado sencillamente a permitir la corrosión de los cimientos del Estado a cambio de seguir algunos meses más en el Gobierno. De eso ya no cabe ninguna duda. Ahora solo queda por ver cuál será la próxima renuncia cuando se acabe este crédito.

En todo caso, no deja de ser un despropósito que un Gobierno que llegó a la Moncloa gracias a la corrupción del PP esté dispuesto a relativizar un delito como la malversación para mantenerse en el poder. Y aún más, que lo haga de la mano de un partido como ERC, que presume de limpieza.

Considerar que si se saquea dinero público para una causa política –o cualquier otra– es un atenuante respecto a si se roba para el enriquecimiento personal, es una aberración injustificable se mire como se mire.

Si con la reforma de la ley del solo sí es sí se están escapando violadores por la gatera, no me quiero imaginar la cantidad de corruptos (o, entre otros, los que montaron la policía patriótica, ¿no?) que aprovecharán las grietas que se abran con la nueva malversación.