En mayo de 2018, durante una entrevista en Antena 3, el entonces líder del principal partido de la oposición y aspirante a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre [de 2017] en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión [...], yo creo que lógicamente lo es”.

En noviembre de 2019, durante un debate electoral previo a las elecciones del 10N, Pedro Sánchez, ya como presidente, prometió “incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el PP”.

En otro de los debates, el presidente (que había llegado a la Moncloa un año y medio antes tras un acuerdo con, entre otros, ERC, PDECat, PNV y EH Bildu) llegó a asegurar: “Yo no he pactado con los independentistas. Es mentira. Es falso. Es falso. Es falso. Y, por tanto, usted [Albert Rivera] podrá repetir mil veces una mentira, pero falso. Falso es falso, no es no, y nunca es nunca”.

E incluso fue más allá: “A ustedes, señor [Pablo] Casado, se les fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerle de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia”.

Tres años después, Puigdemont sigue plácidamente instalado en Waterloo, los independentistas son socios habituales del PSOE en el Congreso, y de aquella promesa de penalizar los referéndums ilegales no queda ni el recuerdo. Es más, Sánchez ha indultado a los líderes del procés, ha iniciado el trámite para derogar la sedición y prepara una rebaja del delito de malversación.

Y, en Cataluña, la filial del PSOE, el PSC, se ofrece una y otra vez como muleta de ERC al frente del Govern, pese a ser uno de los partidos que promovieron el intento de secesión de 2017 y pese a que sigue liderado por los mismos dirigentes políticos que organizaron el mayor desafío al Estado de derecho desde el 23F.

Por no hablar del pacto entre Sánchez y Aragonès para que el Gobierno no recurriese la ley autonómica impulsada por ERC –que habría quedado suspendida– para tratar de incumplir las sentencias del 25% en castellano y mantener, así, la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que aplica la Generalitat de forma ilegal.

No deja de sorprender que el PSOE haya renunciado de forma tan decidida a ser un partido de Estado y haya abandonado a su suerte, de nuevo, a los catalanes no nacionalistas. Y sobre todo, que lo haya hecho con tanta naturalidad y frivolidad.

Supongo que Pedro Sánchez debe haber calculado que los votantes que podía perder ya se largaron hace tiempo, de lo contrario, no se entendería su ansia para sobrevivir un año más en el Gobierno a cualquier precio.

Da la sensación de que, si los nacionalistas le exigieran más prebendas, el presidente estaría dispuesto a pagarlas sin inmutarse lo más mínimo ni perder el sueño.

Por ello, estoy convencido de que muchos catalanes constitucionalistas que se sienten humillados se hacen una pregunta: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para mantenerse en el poder?