Nadie ha sacado tanto partido de una beca como Andrew Davis, un filósofo nacido en Boston que lleva diez años al servicio de la diplomacia catalana. El estudio del nacionalismo "en estados plurinacionales, centrado en los casos de Escocia y Cataluña" pagado por el Institut Ramon Llull --entonces presidido por Josep-Lluís Carod-Rovira y dirigido por el el actual consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, ambos de ERC--, le catapultó a la embajada de la Generalitat en Estados Unidos en 2008.

Y ahí está Davis, viendo pasar el tiempo, gobiernos y sedes diplomáticas, pues de la carísima oficina del Rockefeller Center de Nueva York --solo se podía acudir con cita previa y, en caso de emergencia, remitía al Consulado español--pasó a dirigir la de Washington. La aplicación del 155 implicó el cierre de esas delegaciones cuyas agendas y plantilla siempre habían sido, desde la época de Carod, un enigma.

Pero este apagón diplomático catalán apenas afectó a Davis porque la Generalitat creó rápidamente un chiringuito a su medida, el Catalonia America Council (CAC), cuya finalidad es "abordar los retos sociales y políticos más importantes que afrontan Cataluña y los países de América del Norte, fortaleciendo sus relaciones bilaterales". De esas ínfulas estatales vive el Govern, cuyo presidente, Quim Torra, acaba de inaugurar la sede de este organismo, aprovechando los ratos libres que le deja su asistencia a un festival folk en Washington.

La Generalitat anunció el martes que reabre sus embajadas y desconocemos si Davis será recolocado o compaginará su plaza en Washignton con el CAC. No confundir con las siglas del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano encargado de velar por la pluralidad de los medios de comunicación y que considera ajustado a la neutralidad informativa que se espera de TV3 y Catalunya Ràdio las continuas referencias a los “políticos exiliados”.

De la perversidad de esa expresión daba cuenta ayer, y muy bien, la diputada del PSC Beatriz Silva en esta misma sección de opinión de Crónica Global. Pese a ello, la cadena autonómica sigue siendo "ejemplo de pluralidad y credibilidad", aseguran sus responsables en base a los informes encargados a dedo desde 2008 a una empresa especializada en el análisis audiovisual. Nada menos que 2,2 millones de euros, como desvelamos hoy en este medio.

No hace falta moverse demasiado de la televisión catalana para comprobar que una cosa son los exilios pagados por el Govern y otra, el drama que tuvieron que vivir los republicanos perseguidos del franquismo. Ayer mismo, la nostra informaba de las 2.638 personas que huyeron de España a bordo del Stanbrook, cuyo capitán, el galés Archibald Dickson, pudo sortear los disparos de los buques franquistas.

El barco zarpó de Alicante el 28 de marzo de 1939 y atracó en Argelia, donde muchos de los pasajeros fueron sometidos a trabajos forzados. El reportaje de TV3 rendía un homenaje a Dickson. Horas antes, hacía lo propio con Meritxell Serret, la exconsejera “exiliada” en Bruselas que el ejecutivo de Quim Torra acaba de nombrar embajadora en la capital belga. Es decir, que Serret será la inquilina principal de una sede cuyo alquiler cuesta al año un millón de euros y cobrará un sueldo equiparable al de director general, es decir, 82.209,94 euros anuales.

En paralelo, el Govern quiere ponerle escolta en Berlín a Carles Puigdemont, quien sigue cobrando como diputado y, además, ha pedido formalmente al Parlament el pago de dietas por desplazamiento --al igual que los encarcelados Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez-- en un alarde de desfachatez que la Cámara catalana analiza.