Qué es lo que tendrá el agua de Cataluña, en general, y de Barcelona, en particular, que todos se pelean por ella. Pues… lo de siempre: tiene mucho valor. Y mueve mucho dinero. 

En este mundo en el que aterrizamos hace algunos miles de años hay dos cuestiones clave para la vida tal y como la conocemos: el aire que respiramos y el agua que bebemos. Sobre el primer aspecto, nadie ha dado todavía con la tecla para hacer negocio (tiempo al tiempo, que la contaminación es muy mala para los pulmones), pero sí lo han logrado con el segundo. La gestión de este preciado bien está muy presente en la política, y también en la economía, porque su distribución natural es irregular. Algunos vaticinan que la próxima guerra (si descontamos el Covid-19) será por el control de este líquido.

Pero no nos desviemos. En Cataluña ya se ha vivido una guerra del agua. Fue con motivo de la privatización torticera y chapucera de Aigues Ter-Llobregat, adjudicada a Acciona en tiempos de Artur Mas a fin de salvar las cuentas de la Generalitat. La directora de Crónica Global, Cristina Farrés, desgranó en el libro Aguas Turbias, con todo lujo de detalles, aquel entramado que, a la postre, le ha salido tan caro a las arcas públicas. Porque la justicia lo anuló unos años después, por lo que hay que devolver el dinero e indemnizar a la cotizada.

Con posterioridad, Barcelona y otros pueblos se han lanzado a municipalizar el agua, con más o menos éxito, lo que se traduce como que el negocio cambia de manos. Más allá del debate sobre si un bien de primera necesidad debe gestionarlo una empresa privada o no, el coste de hacerlo en un determinado momento y por una cuestión política no es lo más rentable del mundo. Pero el consistorio de BComú tiene especial fijación con el agua, ahora a cuenta del coronavirus. Al parecer, y para disipar cualquier duda, no se hará un análisis de las aguas residuales, sino que serán dos, independientes y ambos con dinero público. ¿Para qué?

Hay personas que tienen cara de un nombre concreto, y hay otras cuyos apellidos sugieren su profesión o una inquietud propia o de sus antepasados. Este parece el caso de los dos concejales que han presentado un nuevo sistema de análisis preventivo de aguas residuales para detectar coronavirus. Se trata del titular de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, y de su compañera en Salud, Envejecimiento y Cuidados, Gemma Tarafa. Casualidad o no, badia es el equivalente catalán de bahía, mientras que Tarafa es el nombre de un río en Alicante. Ambos abanderan este proyecto cuanto menos curioso.

Y el calificativo curioso no es baladí. No lo es porque Barcelona Cicle de l’Aigua (BCasa), 100% municipal y presidida por Badia, se ha asociado con Adasa Sistemas en Life iBathwater para el rastreo de aguas residuales de la ciudad. Ocurre que la CNMC sancionó a esta misma empresa en marzo por formar un cártel, un detalle muy reciente que, como era de esperar, no han mencionado estos representantes públicos que presumen de transparencia. Tampoco el coste de estos análisis han desvelado ni, por último, que este trabajo es redundante. Porque este control de vigilancia de SARS-CoV-2 en aguas residuales lo realiza desde junio Aguas de Barcelona, empresa mixta participada por Agbar (85%) y por la entidad administrativa pública Área Metropolitana de Barcelona (15%), cuyo vicepresidente de Ecología es… Eloi Badia.

Un Badia que, por cierto, engorda su mochila de casos dudosos con una reciente pifia, ya que BCasa invirtió medio millón de euros en reformar una piscina urbana que ha tenido que cerrar porque causa heridas a los niños. Por lo tanto, habrá que reformarla de nuevo. Por no hablar de que esta sociedad pública, con la que el consistorio gestiona alcantarillado y fuentes ornamentales, debía liderar la fallida municipalización del servicio del agua.

Si es que cuando el río suena...