Sociedad civil y tribunales como baluartes de la democracia en Cataluña

Isabel Fernández Alonso
6 min

Sin desdeñar la notable labor de algunos partidos de oposición, lo cierto es que, tras el golpe a la democracia de 2017, han cobrado fuerza en nuestra comunidad entidades sociales constitucionalistas, algunas de nuevo cuño, que están desempeñando un rol central en la vida política catalana.

Estas entidades, ninguneadas por un Gobierno de España que optó por crear una “mesa de diálogo” con los nacionalistas en la que nadie las representa, solo han encontrado amparo en unos tribunales que, estos sí, pese a las enormes presiones sufridas, han seguido defendiendo el orden constitucional como se espera de cualquiera de los tres poderes en un Estado de derecho.

Destaco varias iniciativas de diferentes asociaciones que han obtenido sentencias favorables muy relevantes, poniendo así en evidencia la dejadez de funciones de nuestros gobernantes, más preocupados por su pervivencia en el poder que por combatir la preocupante degradación democrática que padecemos.

Merece especial mención la labor de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que durante años ha recibido sistemáticamente el respaldo judicial cada vez que, representando a una familia, reclamaba para sus hijos enseñanza también en español. Se trata de la asociación que ha liderado el desmantelamiento de la gran falacia que se esconde tras la inmersión lingüística, con su batalla en los tribunales pero también con su incansable presencia en todos los foros a los que ha tenido acceso. Ahora se prepara para liderar una demanda colectiva --de ahí la campaña Escuela de Todos-- para solicitar la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, avalada por el Tribunal Supremo, que obliga a la Generalitat a que se imparta en español (y en catalán) al menos el 25% de la docencia. Nada de esto sería necesario si la Abogacía del Estado hiciese su trabajo y reclamase esa ejecución.

Junto a la AEB destaca la labor de Impulso Ciudadano, que vuelca gran parte de su actividad en la defensa de la neutralidad de las administraciones. En concreto, el pasado noviembre hizo público un detallado informe en el que, por ejemplo, documenta que la rojigualda solo ondea en el 16% de los ayuntamientos catalanes, lo que supone una vulneración flagrante de la normativa sobre banderas. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictaminado que esta asociación tiene plena legitimación para reclamar que las banderas oficiales ondeen en los edificios públicos, por lo que ha anunciado que continuará adelante con los litigios que en este sentido ya ha iniciado. Junto a esta reivindicación, Impulso Ciudadano también litiga en contra de la existencia de cualquier símbolo partidista en edificios y espacios públicos. Así, logró que se retirase del balcón del Palacio de la Generalitat la pancarta que reivindicaba a los presos y fugados del procés así como la supresión de multitud de elementos de propaganda separatista por toda Cataluña durante las campañas electorales. Todas tareas que corresponderían a la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Otro ejemplo de lo que sostengo en este artículo es la labor de Universitaris per la Convivència, una plataforma de profesores organizados para defender una universidad plural donde los órganos de gobierno no fijen una especie de pensamiento oficial (alineado con los postulados nacionalistas). En este caso, los tribunales también han avalado, en diversas ocasiones, a los demandantes. Así las cosas, si las fuerzas políticas mayoritarias impulsasen una ley que dejase claro que los claustros y los rectores no se pueden apropiar del pensamiento de toda la comunidad universitaria y el ministro del ramo mantuviese una posición firme en esta dirección, los profesores podríamos dedicar a la docencia y a la investigación todo el tiempo que ahora hemos de invertir en plantar cara a los atropellos a nuestra libertad ideológica.

Sin embargo, cuesta mucho ser optimista cuando uno observa que la Abogacía del Estado ha dejado sola a Societat Civil Catalana en la demanda que acaba de presentar ante el Tribunal de Cuentas contra once dirigentes independentistas por malversación de fondos públicos, destinados a fines propagandísticos.

No tengo duda de que cuando se estudie con rigor todo lo ocurrido en Cataluña en estos años tan aciagos se subrayará la labor de las entidades cívicas que, contra viento y marea, defendieron sin complejos los derechos y libertades constitucionales. Y también la de los jueces y magistrados que los protegieron, sin olvidar el rol crucial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo ello mientras algún partido hoy en el Gobierno de España y con capacidad efectiva para cambiar las cosas ni siquiera se atrevió a apoyar abiertamente la manifestación del 8 de octubre...

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¿Quién es... Isabel Fernández Alonso?
Isabel Fernández Alonso

Profesora titular de Comunicación de la UAB y miembro de Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores.