En el marco del debate sobre el informe que reclama al Consejo Europeo introducir los delitos de odio en la lista de eurodelitos graves y del que ha sido ponente la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, la también eurodiputada Clara Ponsatí (Lliures per Europa) arremetió, el pasado 17 de enero en el Parlamento Europeo, de modo furibundo, contra Ciudadanos (el partido en cuyas listas concurrió la ponente) y también contra la entidad cívica constitucionalista Impulso Ciudadano. Contra Ciudadanos, por haber elaborado el informe, y contra Impulso Ciudadano, por haber realizado aportaciones al mismo.

Afirmó Ponsatí: “Ciudadanos es un partido que nació para reprimir la identidad y la cultura catalana, un partido xenófobo que fue admitido vergonzosamente en el grupo liberal a cambio de un puñado de votos. Está especializado en deshumanizar a los oponentes, incluidos mis compañeros y yo misma. Está especializado en lawfare. Es un partido que pronto morirá, ahogado en su propio odio. Miren a quién consultaron para elaborar este informe. Por ejemplo, Impulso Ciudadano, una organización satélite proto fascista, responsable de la destitución de un presidente catalán [Torra] por exhibir una pancarta en favor de los derechos humanos”.

No deja de ser peculiar que la exconsejera de Educación (que suspendió a los directores de los centros educativos el fin de semana del 1 de octubre para tomar el control y convertirlos en el foco del referéndum ilegal) acuse a Ciudadanos de deshumanizar a los oponentes políticos y a Impulso Ciudadano de destituir a Torra por defender los derechos humanos. Y digo que no deja de ser peculiar porque fue el mismo Torra quien tachó a los catalanes que combatimos el nacionalismo lingüístico de “carroñeros, víboras, hienas” y “bestias con forma humana”, en un conocido artículo publicado en El Món en 2012. Y, desde luego, no se deja de ser vergonzoso que en el Parlamento Europeo una eurodiputada tache a una asociación de organización proto fascista por defender la neutralidad política de las instituciones al impedir que se utilice el balcón del Palau de la Generalitat como soporte de propaganda partidista.

Se trata, no obstante, de una práctica habitual del poder nacionalista, empeñado en demonizar y anular a cualquier entidad cívica que pueda alterar la estrategia de nacionalización de Cataluña diseñada en el celebérrimo Programa 2000.

Así, la emergencia de Societat Civil Catalana en 2014 generó una respuesta muy agresiva de la que se pueden recabar un alud de evidencias. Una especialmente significativa fue la intervención de Raül Romeva, entonces consejero de Relaciones Exteriores y Transparencia, en el Parlament de Cataluña, a raíz de la manifestación Paremos el golpe separatista, del 19 de marzo de 2017, en la que tachó de falangistas a todos los asistentes, incluidos, obviamente, los organizadores. Ocurrió apenas seis meses antes de los sucesos del 6 y 7 de septiembre, que confirmaron el acierto del lema de aquella convocatoria.

La obsesión del poder nacionalista por arrinconar en la extrema derecha no democrática a quienes le cuestionan ha afectado a otras asociaciones constitucionalistas. Dos ejemplos recientes son el señalamiento de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y de la asociación de estudiantes S’ha Acabat!, en ambos casos por parte de la anterior consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis.

En septiembre de 2021, a raíz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que daba la razón a la AEB al reclamar que las pruebas de selectividad se entreguen también en español, Geis, en Els Matins de TV3, tachó a esta entidad, alegremente, de “radical y fascista”. La misma consejera, en un tuit del 1 de octubre de 2022, reenviaba otro de S’ha Acabat! (en el que los estudiantes agradecían la labor de la Policía Nacional cinco años antes), y añadía: “Después piden neutralidad en las universidades cuando justifican la violencia. No me dais ningún miedo”.

Cuesta valorar qué resulta más lamentable, que un miembro de un Gobierno autonómico tache de fascista a una asociación de padres por pedir que los exámenes de selectividad se entreguen en las dos lenguas oficiales del lugar o que señale a una asociación de estudiantes por no compartir sus ideas políticas…

En todo caso, mientras esto ocurre, la Generalitat riega con cuantiosas subvenciones a las entidades cívicas nacionalistas (el caso de la Plataforma per la Llengua es sangrante). A la vez, según los informes sobre pluralismo del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), estas entidades copan la inmensa mayoría del tiempo dedicado al conjunto de asociaciones por parte de los medios públicos catalanes. En este sentido, ha sido escandaloso el escasísimo tiempo que hemos podido escuchar a la presidenta de la AEB, Ana Losada, en TV3 o Catalunya Ràdio al hilo de la visita de la misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para analizar la situación de la lengua en nuestras escuelas.

El objetivo es asfixiar la discrepancia con todo tipo de estrategias. En esta Cataluña nuestra se puede disentir un poco en petit comité, pero el cuestionamiento público del orden nacionalista, ¡no digamos si tiene visos de sumar adeptos!, conlleva un alto precio que explica que muchos no se atrevan a manifestarlo y que tantos otros hayan optado por marcharse tras haberlo hecho y haber sufrido las consecuencias.

Por todo ello es tan importante que apoyemos a todas esas entidades cívicas constitucionalistas que, pese a todo, no cesan de confrontar al poder nacionalista, en aras de una sociedad más abierta y tolerante.