El Departament de Recerca i Universitats acaba de hacer pública la Guia per a l'elaboració de plans d'increment de la docència en català (PIDOC). Estos planes son algo así como la traslación de los proyectos lingüísticos de colegios e institutos a los centros de enseñanza superior.
La mencionada guía se presenta como fruto del consenso. Que no se haya debatido en los claustros de las universidades es una cuestión menor. Ya se sabe que las comisiones de política lingüística reflejan mucho mejor la pluralidad de opiniones sobre esta materia que existe en los campus.
El fin de los PIDOC es implementar (en lo que toca a la lengua de la docencia) los objetivos del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca (PEC), aprobado por el Consell Interuniversitari de Catalunya en 2022.
Pretende el PEC que, en el periodo 2022-25, se pase a impartir un 80% de las asignaturas de grado en lengua catalana, que la oferta de grados financiados con fondos públicos se pueda cursar en catalán y que se alcance “un equilibrio razonable entre el catalán y otros idiomas” en posgrados, másteres y doctorados. Todos tenemos claro (dejando al margen a los fachas de siempre) que, en la escuela, “això no va de percentatges”, pero aquí sí que son imprescindibles, por más que cuando se pregunta a los responsables políticos no acaban de aclarar muy bien el porqué de esta doble vara de medir.
Cada universidad ha de elaborar su propio PIDOC, incorporando las medidas previstas para alcanzar los objetivos definidos según su situación de partida y contexto sociolingüístico. Luego, cada facultad ha de tener un responsable de su implantación. Estos comisionados lingüísticos (comisario no suena muy bien) serán a buen seguro personas que apuesten en firme por el plurilingüismo, que es lo que se busca presionando a los profesores para que impartan la gran mayoría de las clases en catalán.
Como posibles medidas de los PIDOC se sugieren en la guía algunas ciertamente ingeniosas y que, sin duda, concitarán un gran consenso, como la “inclusión de cláusulas de disponibilidad para impartir docencia en catalán en los contratos del nuevo profesorado”, o “valoración de la docencia en catalán en la evaluación de los méritos docentes: solicitud de años sabáticos, movilidad y promoción a una categoría superior”. ¡Por no hablar de la sugerente “formación para el profesorado sobre criterios y estrategias orientadas a mantener la lengua anunciada en la guía docente”! O la crucial “activación del protocolo para la gestión de incidencias sobre cambios en la lengua docente”. Sin olvidar el envío del imprescindible informe semestral de quejas e incidencias al Departament de Recerca i Universitats.
Encuentro especialmente acertada la idea de garantizar que, en las asignaturas con más de un grupo, como mínimo, uno se imparta en catalán. Así, si el profesor experto da las clases en español, siempre es mejor que este pase a impartir otra cosa de la que sabe menos y que del otro grupo se encargue un catalanohablante, aunque no sea su especialidad. La innovación docente está muy bien valorada por las agencias de acreditación.
Dicho de otra manera. Como las universidades están a punto de colapsar al tratar de implementar la LOSU, especialmente en lo que toca a organización de la docencia, nada mejor que complicarla un poco más con requisitos lingüísticos. Los referidos comisionados serán imprescindibles para cuantificar las horas de clase que se imparten en cada una de las dos lenguas que entendemos a la perfección todos los miembros de la comunidad universitaria. A buen seguro que será un ejercicio muy estimulante para ellos verificar si las clases se desarrollan en la lengua anunciada en la guía docente. Que a veces llega algún profesor nuevo (contratado una vez publicada la guía docente) y se piensa que por estar en España no hay ningún problema en dar las clases en español.
No queda claro qué han de hacer estos compañeros comisionados si, de repente, en un aula, advierten que profesor y alumnos hablan en catalán y español indistintamente. ¿Y si se proyectan materiales o se recomiendan lecturas en más de una lengua? Complicado. Por el momento, no parece que tengan que supervisar lo que se habla en los pasillos o en el bar, pero seguro que se plantea en próximas ediciones de la guía.
Otra cosa que no queda clara es si se informará debidamente a las universidades con las que se firman convenios de intercambio de que el 80% de las asignaturas de grado se impartirán en catalán. Conviene hacerlo. Cuantos menos estudiantes extranjeros y de otras partes de España se animen a venir, mucho mejor. Seguro que esas universidades no ponen ninguna pega para seguir acogiendo a los nuestros. La internacionalización no corre ningún riesgo.
En definitiva, se observa en esta guía una clara preocupación por lo importante: la lengua “propia” (por más que sea menos hablada que el español). El conocimiento y cualesquiera otros méritos en general, ¡no digamos ya las libertades individuales!, deben pasar a un segundo plano. Corren nuevos tiempos y ahora lo esencial son las identidades.
¡A ver si se esmera un poco más en sus siempre conciliadoras campañas la Plataforma per la Llengua! Que solo se hayan presentado 71 quejas lingüísticas en un año en todas las universidades de Cataluña podría hacer pensar que alguien está creando un problema donde no lo hay…