Juego un poco con la célebre frase, referida a los jueces de Berlín, que recuerda cómo un molinero, gracias al amparo legal que le asistía, logró que Federico el Grande de Prusia no derribase su molino, próximo al flamante Palacio de Sanssouci que el monarca tenía en Potsdam.

En un contexto en que el Poder Ejecutivo ha desplegado en nuestro país una inquietante agenda de colonización de instituciones tan relevantes como el CIS, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, RTVE, el Tribunal Constitucional y hasta la Agencia Efe, hemos vivido atónitos un proceso de incomprensibles cesiones (no todas ellas públicas) por parte del PSOE a fuerzas cantonales o directamente separatistas que solo se explica por el afán de conservar la presidencia del Gobierno.

Los acuerdos en los que se concretan estas cesiones, además de notables movilizaciones ciudadanas, promovidas en buena medida por la oposición, han generado un llamativo alud de reacciones de diferentes colectivos de funcionarios, perplejos ante las previsibles consecuencias de tamaña irresponsabilidad.

Son numerosísimos los pronunciamientos provenientes del ámbito jurídico, ante las insinuaciones de lawfare y el anuncio de creación de comisiones parlamentarias para revisar decisiones judiciales. Asociaciones de jueces y fiscales de diferentes sensibilidades, letrados de la Administración de Justicia, presidentes de audiencias provinciales, abogados del Estado… han salido en tromba en defensa de la separación de poderes, como valor esencial de cualquier democracia que se precie.

A ellos se han sumado otros funcionarios como los integrantes de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, que manifestaron con contundencia que “cualquier cesión o transferencia de su gestión [de la Seguridad Social] a las comunidades autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, que contempla un régimen público, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social”.

Igualmente significativo fue el comunicado realizado por los Inspectores de Hacienda del Estado que, ante la posibilidad de que se acuerde la revisión de la autonomía financiera y del modelo de financiación de Cataluña recogido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, realizó “un llamamiento urgente a la recuperación de la racionalidad, del sentido común, de los principios que inspiran nuestro régimen constitucional y de la búsqueda de consensos políticos estables que logren la unidad, se alejen de la confrontación y representen, en última instancia, a la gran mayoría de la Nación española”.

Semejante volumen de pronunciamientos, claramente críticos con el abuso de posiciones de poder que destilan los acuerdos, no tiene precedentes y desmonta el relato del bloque que sostiene al Gobierno de coalición, obsesionado por dar a entender que las críticas al precio de la investidura de Pedro Sánchez provienen únicamente de la derecha y la extrema derecha.

Resulta también de interés comparar esta reacción de tantos servidores públicos (de Madrid y, por supuesto, de otros muchos puntos del país) con lo ocurrido en Cataluña tras el 1 de octubre cuando se convocó la denominada aturada de país, que una gran mayoría de funcionarios autonómicos secundaron sin rechistar. ¡Por no hablar del clamoroso silencio que siguió a las obscenas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017!

Quiero con este artículo destacar la labor del cuerpo de funcionarios del Estado, que ha dado tantas muestras de responsabilidad en medio del cúmulo de despropósitos que han jalonado el proceso de articulación del nuevo Gobierno. La calidad de nuestra democracia mejoraría considerablemente si se redujese el ingente número de cargos directivos de confianza que se designan en la Administración con cada cambio de Gobierno. En definitiva, si se apostase por una Administración fuertemente profesionalizada. ¿Problema? Que los funcionarios cualificados tienden a defender el interés general (es su juramento hipocrático) y difícilmente se pliegan a intereses partidistas, como se ha visto estas últimas semanas.

Pese a que estamos lejos de ese modelo, celebremos que aún quedan muchos funcionarios en Madrid (en España). Y que esos funcionarios a buen seguro no se van a limitar a los pronunciamientos descritos. Como los jueces de Berlín, seguirán vigilantes ante las tropelías perpetradas por quienes aprovechan sus posiciones de poder para arrinconar a los discrepantes. Cuentan para ello con la gran ventaja que les da su alta cualificación y su probada dignidad. A nosotros nos corresponde estar atentos a sus actuaciones, apoyarlas y difundirlas.