Lo peor de todo, asumir el relato

De entrada, dado su perfil, próximo en no pocos aspectos a las reivindicaciones nacionalistas, la misma elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso es una cesión en sí misma. Para nombrarla, no obstante, el PSOE ha tenido que aceptar reivindicaciones lingüísticas para los debates parlamentarios que hasta ahora había considerado inaceptables (sin olvidar el espectáculo grotesco de nuestro ministro Albares tratando de que el catalán sea lengua oficial de la UE); ha dado el visto bueno a la creación de una comisión de investigación sobre el vergonzoso caso Pegasus (que ya implicó el sonrojante cese de la directora del CNI) y otra sobre los atentados de Barcelona y Cambrils en verano de 2017 (con el fin de cuestionar nuevamente la labor del CNI); sin olvidar “el préstamo” de parlamentarios socialistas (y de Sumar) para que Junts y ERC pudieran constituir grupos parlamentarios en el Congreso (también de senadores socialistas al PNV y Junts en la Cámara Alta), que les dará más presupuesto y tiempo de palabra.

Ante la investidura, el esperpento ha adquirido una dimensión difícilmente imaginable si nos atenemos no ya al sentido común, sino a los propios compromisos electorales del PSOE, bien alejados de los pactos que ha firmado. Ciñéndonos a los suscritos con ERC y Junts, se observan acuerdos absolutamente incompatibles con la idea de redistribución (caso de la asunción por el Estado del 20% de la deuda de Cataluña con el FLA), con la igualdad de derechos (caso de la amnistía a quienes participaron en los sucesivos ataques al orden constitucional en Cataluña durante el procés) o con el principio de división de poderes.

En este sentido, el acuerdo con Junts llega a apuntar que “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Semejante despropósito ha merecido una respuesta conjunta de todas las asociaciones de jueces, que han denunciado que esto “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. En una línea semejante se han pronunciado las tres asociaciones de fiscales y multitud de colectivos del ámbito judicial. Porque esto no va de izquierda y derecha, sino de respeto a los principios esenciales que rigen las democracias liberales.

Sin embargo, pese a la gravedad de lo apuntado, lo peor de todo es la claudicación de los partidos del Gobierno de España, particularmente del PSOE (porque Sumar ya había claudicado antes de nacer) en términos de relato.

Los dos acuerdos mencionados (con ERC y con Junts) apuntan ideas absolutamente falaces, muy lesivas con la democracia española, y especialmente humillantes para con los catalanes constitucionalistas. Un ejemplo, señalar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut como desencadenante del procés, ¡como si hubiera normas en democracia que estén exentas del control de constitucionalidad! Olvidando, como acostumbran, que la participación en aquel referendo fue muy baja y que ERC pidió el no. Por no decir que, tras la sentencia de 2010, CiU gobernó con toda normalidad con el apoyo del PPC.

Otro ejemplo de idea inasumible es plantear la existencia de un conflicto, como apunta el acuerdo con ERC, entre “una legitimidad institucional y constitucional” y “una legitimidad parlamentaria y popular”, entre “el principio de legalidad” y el “principio democrático”. Algo sencillamente incalificable para cualquiera que tenga unas mínimas nociones sobre el funcionamiento de un Estado de Derecho.

Un tercer ejemplo de claudicación es aceptar sin rechistar el discurso victimista de la propaganda nacionalista que no solo planea sobre los documentos mencionados, sino que se aprecia en todas las intervenciones que rodean al agotador proceso de investidura. Por no hablar de la incalificable puesta en escena, con la gigantesca urna del referendo ilegal, del encuentro de Santos Cerdán con Puigdemont, a quien el PSOE, para rematar, se refería como “president” en su nota de prensa posterior.

Estoy realmente saturada de escuchar que no hay otra alternativa que la negociación para solventar “el problema catalán”, que la derecha fue una fábrica de independentistas y que con el 155, ¡o los tanques!, solo se agravarían las cosas.

Mejor nos iría si dejásemos de aceptar irreflexivamente que hay un conflicto entre Cataluña y España, ¡como si Cataluña no fuera España y como si todos los catalanes fuésemos separatistas! Mejor nos iría si nos detuviésemos a pensar que el auge del procés no coincide con la sentencia del Estatut, sino con el callejón sin salida en que se encontró Artur Mas, asediado por los procesos judiciales contra CiU mientras Rajoy obtenía una mayoría absoluta que hacía a los convergentes irrelevantes en Madrid y dependientes del PPC para seguir al frente de la Generalitat, todo ello en medio de una fortísima crisis económica.

Mejor nos iría, en definitiva, si apostásemos con firmeza por la aplicación de la ley, sin titubear, en vez de humillarnos ante delincuentes que han intentado subvertir el orden estatutario y constitucional aprovechando, para colmo, el seguidismo absolutamente acrítico de muchos catalanes, víctimas de una operación de ingeniería social centrada en inocular odio a sus conciudadanos del resto de España para perpetuarse en el poder.

El gran problema siempre ha sido el relato. Y nosotros no necesitamos, como ellos, un presupuesto millonario para difundir el nuestro. No lo necesitamos porque la verdad se abre camino fácil y somos muchos los que estamos dispuestos a explicarla. Lástima que el Estado (el Gobierno) al que con tanta convicción defendimos haya optado por silenciarnos cuando no insultarnos.