Vaya por delante que no deseo ningún mal a nadie y, por tanto, no me alegro ni me satisface que los líderes del procés estén en la cárcel. Ahora bien, tampoco me escandaliza su situación ni creo en absoluto que se trate de un acto injusto de venganza. Los hechos que sucedieron hace un año fueron muy graves y, más allá del debate sobre su calificación penal, parece lógico que los señalados como responsables tengan que depurar responsabilidades. Romper con el ordenamiento constitucional, llevar a cabo un pseudoreferéndum para legitimar un golpe parlamentario, utilizar el poder autonómico para provocar el enfrentamiento de la población con el Estado y, finalmente, declarar la secesión, son delitos castigados con unos cuantos años de privación de libertad. La prisión provisional que sufren seis exconsellers (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Dolors Bassa), además de los dirigentes asociativos de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, se deriva de un evidente riesgo de fuga. Quien más les perjudicó fue Carles Puigdemont con su huida a Bélgica en otoño pasado junto a otros cuatro miembros de su Govern, y más tarde también Marta Rovira, que en abril de este año se fugó a Suiza, como ha reconocido Joaquim Forn en su diario personal.

A menudo se escucha decir que, si ahora mismo no hubieran presos, el clima de diálogo entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat sería radicalmente diferente, como si la cárcel fuese el mayor obstáculo para encauzar el conflicto. Sin duda, es un hecho que condiciona negativamente la coyuntura pero dudo mucho que su hipotética libertad condicional cambiase la situación política de fondo. Si no estuviesen en la cárcel, la campaña reivindicativa con los lazos amarillos sería muy parecida. Nada sustancial variaría. Los encausados estarían a la espera de un juicio que, aunque imaginemos no fuera por rebelión sino por sedición, igualmente calificarían de injusto. El problema real es que el independentismo no quiere asumir ninguna responsabilidad sobre sus actos, más allá de la heroica desobediencia, y sitúa lo sucedido en 2017 como un ejercicio democrático. No hay mayor embuste que decir que están en la cárcel porque pusieron las urnas.

Si por un momento asumiéramos la tesis de que todo iría mucho mejor con una excarcelación de los políticos del procés, el razonamiento siguiente sería retirar todos los cargos y eliminar la causa penal. Eso significaría ni más ni menos que los hechos graves no tendrían consecuencias penales y sería un claro estímulo para volver a intentarlo: si el golpe sale bien logras un Estado independiente con todos los privilegios que ello significa, pero si fracasas como mucho te inhabilitan por desobediencia unos años. Sin duda es un riesgo muy interesante para unos políticos nacionalistas que les gusta jugar a ganar o empatar. Recordemos que en el juicio a Artur Mas por la consulta del 9N, la Fiscalía General del Estado retiró el delito de malversación, de manera que no hubo posible pena de prisión. ¿Facilitó eso el diálogo, acaso moderó a Mas? Salta a la vista que no. Los duras descalificaciones de entonces, acompañadas de las intimidatorias concentraciones ante el TSJC con los alcaldes levantando sus varas, son idénticas a las de ahora. La solución no pasa por liberar los presos, sino por dar a fondo la batalla de la propaganda y solo llegará el día en que los votantes independentistas despierten de las mentiras que les han explicado sus líderes.