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El nuevo Gobierno, ante la precariedad y el desarraigo

Carlos Jiménez Villarejo
7 min

El Gobierno que, democráticamente, resulte elegido se enfrenta a grandes retos. Deseo destacar dos de ellos. Los que afectan a los ciudadanos más carentes de la cobertura de sus necesidades y derechos básicos, y los procedentes de otros países porque en los suyos de origen padecen toda clase de privaciones derivadas de guerras, dictaduras y pobreza.

Ante todos ellos, el Gobierno está más obligado que nunca a cumplir el mandato constitucional de “remover los obstáculos”, hoy patentes, para que, respecto de ellos “la igualdad y la libertad” sean “reales y efectivas”. Mandato que, tras 40 años de Constitución continúa sin cumplirse en sus estrictos términos (Art. 9.2).

Deber, riguroso y exigible, que obliga a todos los Poderes públicos, sin excepción alguna, a poner fin definitivamente, entre otras carencias, en primer lugar a la pobreza, sobre todo de niños y ancianos y ancianas. Porque, a fuerza de convivir con ella, en España y, desde luego, en Cataluña, parece desaparecer del horizonte real. Y, ahí está, según todas las estadísticas. En los términos que la describía Hanna Arendt en su obra “Sobre la revolución”:[1] ”La pobreza es algo más que carencia; es un estado de constante indigencia y miseria extrema cuya ignominia consiste en su poder deshumanizante. La pobreza es abyecta debido a que coloca a los hombres bajo el imperio absoluto de sus cuerpos, esto es, bajo el dictado absoluto de la necesidad”. Pero también el Gobierno está obligado a afrontar el desempleo, la precariedad, los bajos salarios, los desahucios y la carestía de la vida. En definitiva, un modo de vida que, en la realidad, priva a quienes lo sufren de la titularidad real de la soberanía. Para que el Poder político, tan vinculado cuando no dependiente del Poder económico, asuma directamente y de forma efectiva y exclusiva la soberanía. El pueblo es cada vez menos soberano. Es sustituido por los poderosos, que imponen su Ley a través de Poderes políticos subordinados.

Porque proclamar la soberanía del pueblo es un eufemismo si ese pueblo, por más que sea titular de derechos civiles, carece realmente de derechos sociales y económicos seriamente reconocidos, que son los que realmente le hacen plenamente soberano. Lo que aún está por admitirse en nuestra Constitución. Así ocurre con los derechos a una renta justa, la salud, la vivienda, las prestaciones por desempleo, las pensiones, etc.

Ante ciudadanos empobrecidos y marginados, es ineludible impulsar un nuevo Contrato Social que aplique políticas económicas redistributivas y de igualdad, desterrar la corrupción que deshace el sistema democrático y sustrae recursos económicos al pueblo y promover una verdadera regeneración democrática.

Y, respecto a la política inmigratoria y de acogida de refugiados, debe imponerse, sin reserva alguna, un principio democrático: la libre circulación de personas con una revisión en profundidad, de signo humanitario y respetuoso de los derechos humanos, de la L.O.4/2000,de extranjería. Que, sin más dilaciones, suprima del status de “irregular” para dichos inmigrantes, y su sustitución por medidas administrativas y humanitarias, en estricta aplicación del principio de no discriminación, que solo se reconoce a los “españoles”. Así lo exige la Declaración de Durban de 2001, “contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas concretas de intolerancia”. Principios y derechos que deben protegerse eficazmente por las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial ante las crecientes expresiones de intolerancia que están irrumpiendo en nuestro país a través de organizaciones de extrema derecha, de signo fascista. Y, desde luego, el máximo respeto de los Derechos Humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla. Datos sobrecogedores lo justifican y exigen facilitados por fuentes solventes. Desde el 1/11/1988 han fallecido, ahogadas, en el Estrecho, tratando de alcanzar nuestras fronteras, 6.787 personas. Y, ya en el propio cruce de las mismas, desde 2014, han fallecido en la frontera de Ceuta 30 personas, algunas por los disparos impunes de las Fuerzas de Seguridad,y 16 en la de Melilla. Fronteras en las que aún permanecen las “concertinas”, a sabiendas de que causan graves daños a quienes tratan de superarlas.

Todo ello describe una concepción estigmatizante y hasta criminalizadora de los inmigrantes y refugiados que debe concluir tajantemente por un elemental respeto a la dignidad de las personas que, desesperadamente, buscan una vida digna. No son “una población superflua”. Todo ello, con la activa colaboración de Marruecos a través del Acuerdo (Provisional) entre dicho Estado y España de 1992, por tres años, renovable tácitamente, que, asombrosamente, no entró definitivamente en vigor hasta el 21 de Octubre de 2012 (BOE 13/12/2012). Por no referirnos a los CIES, que recluyen --como si de delincuentes se tratara-- a personas por una mera infracción administrativa, quebrándose los principios básicos de un Estado democrático. Otro reto para el nuevo Gobierno. O suprimirlos o transformarlos en Centros de Asistencia, sin privación de libertad.

Ciertamente, necesitamos un nuevo Gobierno que aúna fuerzas diversas de la izquierda para acometer tan importantes y humanizadoras reformas.

Carlos Jiménez Villarejo

Federalistes d’Esquerres

 

[1] Alianza. 2004, pg. 79.

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Carlos Jiménez Villarejo

Ex fiscal jefe anticorrupción, miembro de Federalistes d'Esquerres, y ex eurodiputado de Podemos.