Cataluña lleva décadas de concertación social e industrial. Sindicatos y empresarios han pactado, han discutido y han buscado puntos de encuentro durante años. Los sindicatos se pusieron manos a la obra cuando estaban dirigidos por Josep Lluís López Bulla y Justo Domínguez, y siguieron en tiempos de Joan Coscubiela y Pepe Álvarez hasta la actualidad con Javier Pacheco y Camil Ros. Las patronales también abandonaron posiciones ultramontanas y se afanaron en llegar a acuerdos. Incluso Foment del Treball con Alfredo Molinas accedió a este camino de la mano de José Luís Salido, para más tarde ahondar en la negociación con Joan Rosell y en esta última etapa con Josep Sánchez Llibre al frente. Tampoco Pimec se quedó al margen con Josep González.

Los vientos no siempre soplaban a favor. Las patronales se las han tenido pardas por la representación institucional y sólo la llegada de Sánchez Llibre, que apuesta por la unidad de acción patronal, logró un acuerdo con la Pimec. El fin justifica los medios, decían en Foment en aquellos duros días de negociación, y el fin es la paz social y la defensa de los intereses del conjunto del empresariado. Los sindicatos tienen el mismo objetivo de paz social, porque en tiempos de acuerdo las cosas son más fáciles, al tiempo que levantan la bandera de la mejora de las condiciones sociales y laborales en tiempos, duros tiempos, de mudanza.

En conclusión, sindicatos y empresarios en Cataluña son un modelo porque han construido un modelo de concertación. Tanto institucional como laboral. Seguro que el president Torra no sabe que el primer tribunal de arbitraje laboral extrajudicial se constituyó en Cataluña en la década de 1990. Quizás por este desconocimiento, que no es nuevo, Torra intenta romper el equilibrio y el modelo de concertación metiendo a las cámaras de comercio, entidades que no han firmado ningún acuerdo de concertación, y menos han negociado un convenio, salvo el de sus propios trabajadores.

Torra pretende romper el mapa institucional incluyendo a las cámaras para darles un papel alejado de su propia naturaleza. El interés es llevar el debate independentista al debate social, y tener el papel de juez y parte en la concertación porque las cámaras, a diferencia de las patronales y los sindicatos, son entidades tuteladas por el Govern y que el propio Govern riega con millones porque ahora ya no están sujetas a la afiliación obligatoria. Dinero y participación, es el favor de Torra a Canadell que no dudó en decir en la última reunión que el decreto “era un compromiso del president”. La tormenta no ha hecho más que empezar. El ejecutivo de Torra quiere validar el decreto en el Parlament y el PSC no se lo va a poner fácil. Eva Granados, portavoz del grupo socialista y proveniente de la UGT, ya ha hecho oír su voz. La incógnita está en ERC, dónde militan diferentes diputados en el sindicato dirigido por Camil Ros, y que en principio no están cómodos con este decreto.

Torra es todo un antisistema. Es capaz de no acudir a la Conferencia de Presidentes donde se debaten los principios de los proyectos a presentar para recibir subvención europea y, en paralelo, romper los equilibrios sociales y económicos del país. Las patronales y sindicatos están de uñas. A Torra le da igual, quiere hacerle un favor a su amigo Canadell antes de abandonar el Gobierno. Esperemos que el Consell de Garanties tumbe otra boutade de nuestro president. Esperemos que dure poco tiempo.