Los graves disturbios consecuencia de la detención de un, mal, rapero ponen sobre la mesa la decadencia de nuestra sociedad. A nadie le importa el fondo, lo relevante es tener una excusa para montar lío tocando de oído.

Nadie discute si es justo o no cuando le ponen una multa por conducir a 180 km/h o con una copa de más. Se paga, se pierden los puntos y a otra cosa. Pero ahora opinamos de delitos perfectamente descritos en el código penal y nos ponemos en la piel del legislador ejerciendo el “cuñadismo” también en las leyes. Nos hemos acostumbrado a pontificar sobre lo que es justo y lo injusto, pero los jueces se limitan a hacen cumplir las leyes en vigor. Si no le gustan a la sociedad para eso están los políticos, para hacer y deshacer las leyes.

Es verdad que inhabilitar a un Presidente autonómico por una pancarta suena raro, pero existe una figura muy clara, la desobediencia, en la que el President vicario incurrió a conciencia y con reiteración. Podemos pensar que es exagerado encarcelar a alguien por la letra de unas canciones, pero el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la Corona hoy por hoy son delitos claramente tipificados. El rapero en cuestión no está en la cárcel por una causa, sino por cuatro, luego la intención de meterse en un lío es más que evidente y, además, acumula una quinta condena por agresión a un periodista. No estamos ante un miembro de la escolanía de Monserrat ni mucho menos.

Quien quema un contenedor es un descerebrado que solo necesita una excusa, sea la que sea. Pero sin duda los políticos son los culpables reales por acción y por omisión. Toda sociedad civilizada se basa en el imperio de la ley y está en manos de los parlamentarios modificarla, o no. La policía tiene el monopolio de la violencia y hay que respetarla. Si los políticos no respetan ni a las leyes ni a la policía, ¿qué esperan que hagan los ciudadanos? Los padres de la patria tienen que dar ejemplo siempre. El trumpismo que nos invade fue el culpable de la toma del aeropuerto o de las algaradas callejeras tras la sentencia de los hechos de otoño del 2017. Es el culpable del 'aquí vale todo' que campa a sus anchas en Barcelona, teniendo en la tolerancia con la okupación el mejor ejemplo de la pérdida de valores. Y ahora está detrás de los desórdenes inaceptables en defensa de una libertad de expresión que no es tal.

El problema lo tenemos aquí, sin duda, pero también en Madrid con un vicepresidente que cuestiona la calidad democrática de nuestro país mientras propone la censura a los medios de comunicación. Un miembro del gobierno no puede ser gobernante por la mañana, oposición por la tarde y activista por la noche. Si no fuese por la hipoteca de su casa lo mejor que podría hacer es dimitir y defender su postura desde la oposición. Entre el “apreteu” de Torra a los CDR y el apoyo a los vándalos por parte de Unidas Podemos no hay diferencia alguna. Las revoluciones no se pueden hacer desde el seno de los gobiernos porque lo único que se logra es deteriorar las instituciones que son, nos guste o no, muy necesarias. Son estas actitudes tan incoherentes las que alejan a la ciudadanía de la política, provocando una profunda desafección que se traduce en abstención y en votos a opciones de protesta.

Ni hay presos políticos ni delitos de opinión, hay violación de unos artículos del código penal sancionados por unos tribunales tras un juicio con todas las garantías. Y si la sociedad cree que los hechos juzgados no se deben sancionar, que se cambien las leyes en el Parlamento en lugar de quemar contenedores. El marrón lo tiene ahora una policía autonómica que trata de mantener su imagen de buen rollito mientras hace su función, preservar el orden público y proteger los bienes de los ciudadanos y las instituciones. Bastante mal está la imagen de Barcelona por el mundo para seguir deteriorándola con imágenes que solo logran hacernos caer más y más rápido por un abismo al que no se le ve el final.