ERC va a preguntar este lunes a los militantes qué hacer ante la investidura de Pedro Sánchez. La pregunta es de aquellas que solo tiene una respuesta. “¿Estás de acuerdo en rechazar la investidura si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?”.

La respuesta solo puede ser porque es inconcebible que las bases no estén a favor de llegar a un acuerdo para negociar el “conflicto con el Estado” antes de facilitar la investidura, que sería, seguramente, mediante la abstención. La respuesta solo puede ser un porque un no aún sería más enigmático. Si saliera el no, ¿qué querría decir? ¿Que se debía facilitar la investidura sin acuerdo o que se debía facilitar la investidura porque el acuerdo podía ser posterior y no previo? ¿Y quien no quiere a Sánchez como presidente a ningún precio, qué vota, o no?  

Está cantado el triunfo del sí, tanto como lo estaba el resultado el pasado julio, antes de la primera investidura frustrada de Sánchez, en la consulta de Unidas Podemos (UP) a los inscritos e inscritas, a quienes se ofrecían dos opciones: o el Gobierno de coalición que defendía Pablo Iglesias o el “Gobierno diseñado únicamente por el PSOE” con acuerdo programático. Naturalmente, se impuso por amplia mayoría la primera opción porque la segunda era del género tonto, más para la militancia de los socialistas que para la de UP.

Pese a que los dirigentes se llenan la boca con la democracia directa y la decisión de las bases, muchas preguntas de estas consultas son un insulto a la inteligencia. Y en realidad o se plantean para presionar a los partidos con los que se va a negociar o con la suficiente ambigüedad y vaguedad para que después las direcciones de los partidos decidan lo que prefieran. La pregunta de ERC reúne las dos características. Es una presión al PSOE y al mismo tiempo deja las manos libres a la dirección del partido --el consejo nacional en este caso-- para que al final decida según la evolución de las negociaciones.

Porque en la pregunta no hay ni rastro de en qué deben consistir esas negociaciones. Solo se habla de “abordar el conflicto político con el Estado” en una mesa. En principio, cuando se anunció la consulta a la militancia de ERC, el pánico se apoderó de la Moncloa y de la sede del PSOE porque se interpretaba que la consulta era la manera de justificar el no a la investidura. Pero después, gracias a una reflexión más pausada y a los contactos entre dirigentes socialistas y republicanos, se ha considerado que todo está abierto.

Ni la mesa de negociación ni que ERC hable de “conflicto político” serán ningún problema. Ese concepto ya se incluyó en el comunicado de la reunión de Pedralbes de diciembre del 2018, en el que se apostaba por “un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”, siempre “en el marco de la seguridad jurídica”, una forma de decir lo que Sánchez viene repitiendo --y ahora también Iglesias-- de que el diálogo ha de respetar la Constitución y el Estatuto de autonomía. En la pregunta de ERC no aparecen ni la amnistía ni el indulto a los dirigentes del procés condenados ni la celebración de un referéndum pactado ni se exige un relator como el que sigue pidiendo Quim Torra. Hay diferencias en la concepción de la mesa porque ERC la quiere de Gobierno a Gobierno y Sánchez la prefiere de partidos en el Parlament y en el Congreso de los Diputados, pero estas condiciones tampoco están en el contenido de la pregunta.

Todo dependerá del avance o no de las negociaciones y, sobre todo, de factores externos a las conversaciones. El principal será si Esquerra será capaz de soportar las presiones que desde Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont y Torra a la cabeza, atormentarán a los dirigentes republicanos para que consideren una minucia cualquier cosa que se les ofrezca. Es decir, lo decisivo será si a ERC, como tantas veces, le tiemblan las piernas y no se atreve a asumir y defender un acuerdo razonable con el PSOE y UP para desbloquear la situación política y abstenerse --tampoco se trata de votar a favor-- en la investidura.