Las próximas 24 horas serán decisivas para que el Govern de Junts y ERC proponga o no el aplazamiento de las elecciones autonómicas convocadas oficialmente para el 14 de febrero. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que hace unas semanas creó un consejo asesor para estudiar la viabilidad de la cita con las urnas, está jugando a posponerlas sine die, sirviendo a los intereses partidistas de Junts. El argumento médico y científico que avalaría esa posición es que la epidemia no estará estabilizada hasta el verano o el próximo otoño y que, por tanto, ahora mismo no se dan las condiciones para votar con todas las garantías sanitarias. Se trata de un criterio atendible, pero que resulta claramente maximalista porque no es necesario esperar a que la inmunidad alcance al 70% de la población para que se lleve a cabo con seguridad un proceso electoral del todo imprescindible para sacar a Cataluña del impasse político que sufre desde hace más de un año, cuya precariedad alcanza a la presidencia de la Generalitat tras la inhabilitación de Quim Torra en septiembre pasado.

El aplazamiento es también un argumento contradictorio con el hecho de que no estamos sometidos a un confinamiento domiciliario, como sí ocurría cuando se aplazaron las elecciones en el País Vasco y Galicia en la primavera del año pasado. Sufrimos ciertamente fuertes restricciones que, en cuanto a la movilidad, son supramunicipales, lo que por tanto no impide a nadie trasladarse hasta el colegio electoral de su localidad. Finalmente, votar no supone un mayor riesgo de interacción social para la inmensa mayoría de la población que el hecho, por ejemplo, de ir a comprar al supermercado. Cuestión diferente es qué ocurre con los miembros de las mesas electorales, a los que es altamente recomendable vacunar, tal como ha propuesto la consejería de Sanidad. Por calendario será imposible administrarles las dos dosis de la vacuna Pzifer, que garantizan al final una inmunidad del 95%, aunque con solo la primera punción se alcanza ya una efectividad del 70%, lo cual supone una garantía muy alta, junto a otras medidas como las mascarillas, la higiene de manos y la ventilación de los locales, de que la posibilidad de contagio para los designados de estar en las mesas electorales será nula o mínima.

Es cierto que el informe que este lunes presentó Marc Ramentol, secretario general del Departamento de Salut, prevé un escenario muy complicado para los próximas semanas, con un pico de contagios que se alcanzaría poco antes del inicio de la campaña electoral y una presión asistencial máxima en los días previos a la votación del 14 de febrero. Sin embargo, pese a lo delicada de la situación, Ramentol aseguró en la reunión de partidos en el Parlament que el sistema sanitario estaba preparado para hacer frente a ese pronóstico siempre y cuando se mantenga las restricciones actuales y no aparezcan, claro está, imponderables epidemiológicos. Por otro lado, como explica el  documento elaborado por la Dirección General de Participación Ciudadana y Procesos Electorales del Govern que dirige Ismael Peña-López, todos los dispositivos de la administración catalana están preparados para llevar a cabo la cita con las urnas en medio de la Covid-19. Por tanto, a la pregunta si podemos celebrar las elecciones poniendo los aspectos sanitarios y los sociopolíticos en ambos lados de la balanza, la respuesta de Peña-López en un interesante hilo en twitter ayer, “es un sí convencido”, concluía. 

En definitiva, no hay excusas con peso suficiente para que el próxima 14 de febrero no podamos celebrar unas elecciones que por intereses partidistas se han ido posponiendo cuando las condiciones epidemiológicas eran más óptimas que ahora. Pudieron haberse celebrado en julio pasado, como hicieron en el País Vasco y Galicia tras el fin del confinamiento, o incluso a principios de otoño, alrededor del 1 de octubre, una fecha que en principio era del agrado del mitómano Quim Torra como respuesta inmediata a su segura inhabilitación, pero que no obtuvo la autorización del fugado Carles Puigdemont porque su nuevo partido necesitaba ganar tiempo y quería zamparse al PDECat. Ahora, tras agotar todos los plazos legales, habiéndose disuelto el Parlament a finales de diciembre y con un Govern provisional en funciones, toca ir a votar sí o sí.