"El independentismo es egoísmo, es querer comer en su solo plato y no quererlo compartir con los demás. Por eso es una irresponsabilidad cuando escucho a representantes de los jornaleros y jornaleras en Andalucía decir que defienden la independencia de Cataluña. ¿Con qué piensan pagar el PER? Estamos hablando de economía, de caja única de la seguridad social, de que el Estado ha de ser garante de la solidaridad...". Las declaraciones del histórico dirigente del Partido Comunista de España y excoordinador general de Izquierda Unida han sido aprovechadas a fondo en los últimos días por el separatismo para sostener que Lara reconocía, en un ataque de sinceridad, la verdad de aquella traída dicotomía entre “la Cataluña productiva y la España subsidiada”.

Indudablemente sus palabras, pronunciadas el pasado 23 de marzo en un acto de Izquierda Unida en Palma del Río (Córdoba), son criticables por dos cuestiones. Primero, porque es completamente falso que la economía andaluza no pueda pagar con sus propios recursos el coste del antiguo Plan de Empleo Rural (PER), el actual Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Estamos hablando de 223 millones en 2018, una cantidad importante pero muy pequeña en comparación con el total del presupuesto que gestiona la Junta de Andalucía, que ese mismo año fue de 34.759 millones, muy parecido a las cuentas catalanas. Y, segundo, por la dosis de alarmismo paternalista cuando añadió esa coletilla final de "si mañana se independiza Cataluña, después lo hace Euskadi y luego Galicia, ¿me contáis quién va a quedar por aquí?". Su forma de abordar la cuestión es desafortunada porque da por buenos los estereotipos nacionalistas pero proyectados ahora para atemorizar a los andaluces.

Ahora bien, en su argumento principal, Lara tiene razón. Su rapapolvo a los dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, cuyo referente histórico es el alcalde del pequeño municipio de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, que en septiembre de 2017 izó una bandera estelada en la fachada del ayuntamiento en apoyo del referéndum ilegal del 1-O, entre otras acciones de solidaridad con los independentistas catalanes, es incontestable. Solo desde una monumental confusión de ideas, de una extrema izquierda radical que acaba sosteniendo un planteamiento nacionalcomunista, se puede pensar que lo más conveniente para los intereses de los trabajadores es la implosión del Estado español. Un destrozo territorial en beneficio para más señas de un populismo de derechas apoyado en gran parte por las clases medias catalanas.

Como muy bien explicaba este domingo en Crónica Global el historiador Josep Burgaya, lo que ha pasado en Cataluña es la "revuelta de los 4x4", gente hasta hace poco bastante despolitizada que no iba más allá del catalanismo pujolista, "pero que se han venido arriba ante el propagandeo sin par a que se han visto sometidos y por sus temores a caer en el precariado". Si los que todavía flirtean con el nacionalismo catalán desde la izquierda y el republicanismo leyeran la citada entrevista se darían cuenta de que no hay nada progresista en el secesionismo, sino solo la voluntad de hacerse con todo el poder y lograr un especio de impunidad para las redes clientelares y la corrupción. También su lectura le iría bien a Cayo Lara para mejorar su deslucida argumentación.