La Constitución de 1978, que ha garantizado durante 44 años, la democracia, la libertad y el Estado de derecho, además de ayudar a consolidar el Estado del bienestar, fue aprobada con un amplio consenso que incluía a las principales fuerzas políticas de entonces: la Alianza Popular de Manuel Fraga, la UCD de Adolfo Suárez, el PSOE de Felipe González, el PCE de Santiago Carrillo y la CiU de Jordi Pujol. Esa Constitución sería ahora imposible por diversas razones, entre ellas la involución de la derecha; el cambio en los partidos de izquierda, con la radicalización socialista y la aparición de Unidas Podemos (UP), y la conversión del nacionalismo moderado catalán al independentismo.

Basta observar lo ocurrido el pasado día 6, aniversario de la Constitución, para comprobarlo. Por encima de todo, la ruptura de los puentes entre los dos principales partidos, el PP y el PSOE. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que había llegado para moderar la política estridente y errática de Pablo Casado, cada día se parece más a su antecesor, con el añadido de que el anterior presidente estaba enfrentado a Isabel Díaz-Ayuso y el actual va de la mano con ella aproximando su discurso al trumpismo de Chamberí de la presidenta madrileña, campeona del mundo en decir cada día una barbaridad mayor que la anterior.

En el acto del martes, Feijóo dijo comprometerse a “defender y cumplir la Constitución”, notable boutade cuando su partido lleva incumpliéndola cuatro años en una decisión tan importante como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es más, descartó cualquier acuerdo con “este PSOE” dando a entender que el órgano de gobierno de los jueces no se renovará en toda la legislatura, en espera de que el PP gane las próximas elecciones generales. Es decir, para Feijóo lo indiscutible no es el cumplimiento de la Constitución, sino su opinión sobre la ideología y la trayectoria del partido con el que tiene necesariamente que pactar, el PSOE.

Las excusas han sido múltiples. La penúltima, la reforma del delito de sedición, como si una decisión, discutible pero legítima, de un Gobierno pueda impedir un pacto que la Constitución exige. Feijóo tiene derecho a recuperar en el Código Penal el delito de sedición cuando gobierne, pero no a bloquear la renovación del CGPJ por la supresión de ese delito. Ahora la última excusa, lanzada el miércoles en una entrevista en Onda Cero, es que con el bloqueo se trata de “proteger el poder judicial” ante un Gobierno que quiere “controlar la justicia y politizarla”. ¿Alguien puede creer que el PP quiere despolitizar la justicia cuando lleva cuatro años controlándola y politizándola manteniendo en el cargo a los magistrados del CGPJ que fueron elegidos durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy?

Además de presentarse como “protector” de la justicia, la desfachatez de Feijóo y de Díaz Ayuso alcanza tal nivel que ambos advirtieron en el acto del día 6 de que la Constitución está amenazada si la izquierda vuelve a gobernar en 2023. El presidente del PP aseguró que para que la Constitución vuelva a tener “vigencia”, los españoles tienen que votarle a él. Nadie se había atrevido a tanto. Díaz Ayuso, por su parte, afirmó que “2023 puede que sea el último capítulo de un libro que todos los españoles empezamos a construir y escribir juntos en 1978”, olvidando que su gran mentor, José María Aznar, no solo no votó la Constitución, sino que escribió artículos contra ella en un diario de La Rioja.

Pese a todas las excusas y argumentos en contra de la renovación de los órganos constitucionales, la única verdad es que este bloqueo solo se produce cuando el PP está en la oposición y mantiene así una mayoría espuria en el CGPJ, que decide los nombramientos de los magistrados, y en el propio Tribunal Constitucional (TC), que controla la constitucionalidad de las leyes.

Ahora, estos dos organismos deberían tener mayoría progresista como resultado de las elecciones de 2019 –el CGPJ desde hace cuatro años y el TC desde junio pasado--, pero la tienen conservadora por la obstrucción del PP y de sus magistrados afines. Esa es la auténtica razón del bloqueo y no la despolitización de la justicia, como afirma el PP sin ruborizarse.