El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a la ahora ya extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por su financiación irregular a través de comisiones pagadas por la empresa Ferrovial al Palau de la Música Catalana a cambio de la concesión de importantes obras públicas por parte del Govern de la Generalitat y de otras administraciones públicas gestionadas por dicha formación política. Además de ratificar las penas de prisión de Fèlix Millet y Jordi Montull como máximos responsables del llamado caso Palau, y de aminorar algo las condenas tanto de Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau, como de Daniel Osàcar, extesorero de CDC, sin duda lo que resulta políticamente más relevante es la condena de CDC, a la que se le exige el pago de 6,5 millones de euros, que es la cantidad que el Alto Tribunal considera que dicha formación política recibió a cambio de concesiones de obra pública.

Ahora CDC ya no existe. Es más, parece que nunca existió. Nadie se considera ahora heredero de aquel partido político fundado el 17 de noviembre de 1974 por Jordi Pujol en el monasterio de Montserrat y que gobernó en solitario la Generalitat durante casi un cuarto de siglo, de abril de 1980 hasta diciembre de 2003, con muy importantes cotas de poder institucional en muchos municipios y entes comarcales y provinciales en Cataluña y con gran influencia en la política española, tanto con los gobiernos del PSOE como con los del PP.

Ahora todos rechazan su legado. Lo hacen en JxCat, aunque su líder indiscutido e indiscutible, Carles Puigdemont, militase durante tantos años en CDC y accediera a la alcaldía de Girona y también a su escaño autonómico como miembro de aquel partido. Ni tan siquiera acepta este legado el PDeCat, una formación que fue fundada de forma, el 10 de julio de 2016, por gran parte de quienes hasta entonces militaban en CDC. Pero alguien deberá hacer frente a la multa de 6,6 millones de euros, una cantidad por cierto nada despreciable. Tendrá que decidirlo en breve la Audiencia de Barcelona. Y su decisión traerá cola, porque hay una larga lista de causas abiertas en diversos juzgados catalanes sobre la financiación irregular de la ya extinta CDC.

Más allá de sus repercusiones políticas y económicas más o menos inmediatas, esta sentencia del TS ha venido a dar la razón al entonces presidente socialista Pasqual Maragall, que en sede parlamentaria se atrevió a romper el tabú y, en una dura respuesta al entonces líder de la oposición y presidente de CDC y de CiU, Artur Mas, soltó aquella célebre frase: “Ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%”. Según la reciente sentencia firme del Alto Tribunal, el presidente Maragall se equivocó en el porcentaje: las comisiones cobradas por CDC a través del Palau de la Música Catalana no fueron del 3% sino del 4%.

Será interesante saber algún día la opinión de Jordi Pujol, por ejemplo. O la de Artur Mas, por poner otro ejemplo. Por el momento el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, se ha limitado a decir que “el futuro está en la ética”, una frase que podría pasar a la antología de la vacuidad, de lo inane. Supongo que la comparten tanto Jordi Pujol como Artur Mas. Aunque este último debería pasar a otra clase de antología: a la del cinismo puro y simple. Porque fue Artur Mas quien, también en sede parlamentaria y a modo de réplica de la dura acusación hecha por el presidente Maragall, se atrevió a decirle que había “perdido los papeles”, que tenía “la piel muy fina”, que no aceptaba las críticas, y fue incluso mucho más allá al amenazar al presidente socialista con retirarle el apoyo de CiU para la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que el gobierno tripartito de izquierdas formado por PSC, ERC e ICV-EUiA se había fijado como uno de sus principales objetivos.

Lamento personalmente muchísimo que el presidente Pasqual Maragall no haya podido ver confirmadas sus acusaciones por el TS. Lamento mucho también que en su momento no hubiese mantenido su denuncia pública, aunque sé que lo hizo por responsabilidad institucional. Aunque soy consciente que, con la retirada de sus palabras, abrió las puertas al chantaje permanente con el que Artur Mas y CiU le sometieron en toda la negociación estatutaria. Como soy consciente también de lo mucho que nos hubiésemos ahorrado todos si no las hubiese retirado y CiU hubiese cumplido su amenaza.