Si la elección de la mesa y la presidenta del Parlament se consumó casi en el tiempo de descuento, todo parece indicar que para investir a Pere Aragonès presidente de la Generalitat habrá que llegar a la prórroga. La sesión de investidura se inicia hoy, pero se deberá recurrir a una segunda sesión, previsiblemente el próximo martes. Aragonès cuenta ahora con 42 votos (ERC y la CUP), pero no contará con los votos de JxCat, que ha decidido abstenerse en la votación de la primera vuelta.

Las bases de la CUP ratificaron el preacuerdo alcanzado el domingo pasado con ERC, aunque sin excesivo entusiasmo. Casi un 60% votaron a favor, frente a un 39% en contra, de lo que la CUP califica de “acuerdo de mínimos”, pero más de un 85% de los menos de mil participantes consideraron el pacto insuficiente y se pronunciaron por mejorarlo. El acuerdo podría incluso peligrar si se modifican algunos de los puntos aprobados para alcanzar un acuerdo entre ERC y Junts.

El acuerdo prevé, entre otras cuestiones, una moción de confianza en el 2023, una banca y una empresa energética públicas; una inversión de mil millones en vivienda; la modificación del protocolo de los desahucios; una renta básica universal a medio plazo; la suspensión del uso de las balas de foam por los Mossos y la reforma del modelo policial; un “plan de rescate social”; la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat si se cumplen los compromisos suscritos, y la reforma del reglamento del Parlament “para garantizar su soberanía”.

El principal obstáculo para un acuerdo entre ERC y Junts es el papel del fantasmal Consell per la República, con sede en Waterloo y presidido por Carles Puigdemont, que Junts exige que sea el órgano de coordinación estratégica del independentismo mientras que ERC y la CUP, que no reconocen la autoridad del Consell, lo supeditan a una “mesa de coordinación estratégica” prevista en el acuerdo entre republicanos y anticapitalistas. Con la que está cayendo, es desolador que el independentismo pierda el tiempo en discusiones sobre el sexo de los ángeles, es decir, sobre el papel de un organismo fracasado y ajeno a las instituciones catalanas.

Sin embargo, Junts coloca como prioridad el papel del Consell, como quedó claro en la conferencia pronunciada el martes por el secretario general, Jordi Sànchez, en la que insistió varias veces en que la investidura, que aseguró en favor de Aragonès, podía tardar “días o semanas”. Y ayer Puigdemont reivindicó en un hilo de Twitter el Consell per la República con duros ataques a una parte del independentismo. Ni siquiera hacía falta que la citara para saber que se refería a ERC cuando escribía que la labor de internacionalización del procés y de denuncia de la causa catalana en Europa “ha hecho rabiar al Estado”, pero también “ha incomodado a algunos sectores del independentismo, que cada vez lo disimulan menos” . Esos mismos sectores, según Puigdemont, “lamentan que no estemos encarcelados y banalizan lo que es hacer política desde el exilio” hasta ayudar “a hacer creíble el relato de que somos unos fugados que viven despreocupados, cómodamente e insolidarios con el sufrimiento de nuestros compañeros injustamente condenados”.

Después de esta andanada, Puigdemont dice que “ahora es el momento de la unidad y de la confianza”, como hacía en sus dos últimos libros después de acusar a ERC de “deslealtad” en numerosas ocasiones. Es prácticamente seguro que al final se pondrán de acuerdo y Aragonès será investido, pero ¿qué Govern saldrá después de estas muestras de desconfianza? Esta vez,  las discrepancias abiertas y los resquemores públicos son incluso previos a la formación del Gobierno por lo que solo el escepticismo puede ser el sentimiento dominante ante lo que nos espera. No se han abordado todavía ni la estructura del Govern ni el reparto de departamentos ni la distribución de los fondos europeos, segundo motivo principal de discusión entre los dos partidos y verdadera línea roja de ERC, que quiere controlarlos desde Presidencia. Lo mismo, por cierto, que se critica cuando se trata de la Moncloa.

Junts discrepa también del plazo de dos años fijado en el acuerdo ERC-CUP para pasar balance tanto de la actuación del Govern como de la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido de Puigdemont y Sànchez prefiere un pacto para toda la legislatura. Transcurrido ese plazo de dos años será el momento de analizar si el diálogo avanza o hay que lanzar el “nuevo embate democrático por la autodeterminación” que puede concretarse en otro referéndum, preferentemente, o en otra iniciativa, como se fija en el pacto ERC-CUP. Es otro brindis al sol que en el caso del programa de Junts se perfecciona con la propuesta de un referéndum bajo los auspicios nada menos que de la Unión Europea. Vivir para ver.