¿Qué hacemos con Puigdemont? El escollo de los independentistas que salpica a Sánchez

Los neoconvergentes justifican su rechazo a votar a favor del republicano mañana viernes, fecha en la que se celebrará la sesión de investidura en el Parlament, negando la mayor. Esto es, asegurando que no hay una estrategia independentista común para esta legislatura que evite una reedición de las peleas entre JxCat y ERC. Pero uno de los problemas de fondo, relacionado en cualquier caso con esa falta de unidad separatista, es el futuro que le depara a Puigdemont, como se sabe, fugado de la justicia desde 2018. Y no solo en cuanto a su condición de, según ellos, “presidente legítimo”, sino también por su situación judicial que, según aseguran a Crónica Global fuentes soberanistas, es uno de los temas que JxCat exige poner sobre la mesa del diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Borràs propone a Aragonès para la investidura / EP

Dos años convulsos

Y es que ERC, como explicó este medio, cuenta con vivir dos años de gobierno convulso con JxCat, para luego volver a convocar elecciones, una vez se hayan resuelto los indultos de los presos independentistas, la curva de la crisis económica empiece a remontar y una vez pasen los efectos letárgicos de los fondos europeos. Esa fecha coincide con el plazo que, según el preacuerdo con la CUP, dan los republicanos al Ejecutivo español para que esa mesa de diálogo fructifique. Desde ERC sostienen que la solución al conflicto secesionista pasa por resolver la situación de los presos y de los fugados. La medida de gracia del Gobierno, que se reactivará una vez se celebren las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo, cubre a los condenados, ¿pero qué pasará con Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí? Se trata de un tema espinoso. Moncloa es consciente de ello porque, entre otras cosas, se ha abordado ya en los contactos con Esquerra.

JxCat ha cuestionado desde los orígenes ese foro de negociación impulsado por ERC. Que, según los posconvergentes, el “Estado opresor” vaya a atender esas demandas, más allá de los indultos y la reforma del delito de sedición, que todavía está pendiente y que, de forma retroactiva, podría beneficiar a Puigdemont. El martes volvió a subestimar esa mesa el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, en la conferencia donde desgranó las exigencias de su partido. Y éstas pasan por un referéndum y la aplicación de los resultados de forma unilateral. Y también por que el denominado Consejo para la República pilote todo ese proceso.

Gobierno paralelo

Ese Consejo se creó en 2018 a modo de gobierno paralelo en el exilio, lo que convirtió a Quim Torra en un presidente vicario. Y aunque él siempre lo ha negado, sus actuaciones han estado muy dirigidas por Waterloo, donde Puigdemont controla ese Ejecutivo en la sombra. La remodelación del gobierno que Torra llevó a cabo poco antes de ser inhabilitado por desobediencia da cuenta de hasta qué punto el fugado impuso a Ramon Tremosa como consejero de Empresa e impidió que Laura Borràs fuera consellera en cap o, en su defecto, recuperara la Consejería de Cultura. Fue ahí donde se agravaron las diferencias entre la war room --Torra, Borràs, Josep Costa (que ha dejado la política) y Francesc de Dalmases-- y el núcleo duro de Puigdemont. Borràs confesó en su discurso de toma de posesión como presidenta del Parlament que aspiraba a formar parte del nuevo Govern, del que también ha sido apeada.

La idea de JxCat --o la excusa que dan para boicotear la investidura de Aragonès-- es resucitar ese Consejo para la República, algo que rechazan ERC y la CUP. Aragonès dice que hay tiempo, que hay margen para llegar a un acuerdo, incluso para evitar una investidura fallida este viernes, mientras que los neoconvergentes hablan de “días o semanas”. El tiempo dirá hasta qué punto ERC cede, si es la CUP la que se apea de las negociaciones --hoy se sabrá el resultado de las votaciones de la bases cupaires sobre el preacuerdo-- o si el bloqueo aboca a Cataluña a unas nuevas elecciones transcurrido el período de dos meses que se abre a continuación. Pero lo cierto es que, desde el Gobierno de Sánchez, se asiste con atención a las consecuencias de una posible radicalización de las posturas republicanas, propiciada por JxCat.