El mundo corporativo de las organizaciones empresariales españolas --que no es lo mismo que los empresarios-- se sitúa en el negacionismo. Antonio Garamendi confunde la elección con los hechos: la CEOE considera que la amnistía daña la separación de poderes y la seguridad jurídica y advierte de que con el clima que se está creando “es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo”.
Por su parte, la gran patronal catalana, Foment del Treball, evita el choque en el comité ejecutivo de CEOE y hace reposar su versión sobre la creación de un clima de estabilidad.
Frente al empuje PSOE-Sumar dentro del nuevo Gobierno, que se formará a partir de la investidura, una parte del mundo empresarial catalán apuesta por un conocido pacto silencioso entre el bloque reformista de Junts y el PNV. En este punto de encuentro juegan un papel algunos cuadros soberanistas de inspiración socialdemócrata-liberal y cercanos al fundamento cristiano demócrata del PNV.
Es la persistencia de los acuerdos del pasado septiembre con la llamada “nueva amistad PNV-Junts” --el fin de la ruptura de 2019, entre ambos partidos-- forjada por los que quieren ser reconocidos antes de aburrirse de ser solo conocidos. Tratan de aumentar su influencia en Madrid ante el avance electoral de Bildu muy vinculado a la ERC de Oriol Junqueras, el contrincante de Puigdemont, que ahora mismo analiza la Ley de Amnistía con afectado rigor solo para demostrar su prevalencia.
La afinidad entre el sector reformista de Junts y el núcleo duro del PNV, Ortuzar y Aitor Esteban, es absoluta y bien podría estar tratando de propiciar la vuelta a las mayorías cualitativas de los años nobles. Sea como sea, es un movimiento tectónico de la praxis política, el teatro de operaciones de la hegemonía, la concepción del mundo aceptada como sentido común en el complejo camino de comunicación entre las élites y el resto de la sociedad civil.
Los motores económicos catalanes juegan la carta de la reconciliación. Los papeles del Círculo de Economía --la voz de la Academia, la alta Economía de Estado y las empresas-- apuestan por la amnistía como solución pacificadora sin esperar el regreso de las sedes sociales, pero apostando claramente por la vuelta de la soberanía a los mercados. La formación de precios, el crecimiento y el empleo van en el mismo pack.
En este momento, la judicatura aplica el principio del noli me tangere (no me toques), mientras el Congreso se divide entre la amnistía y la ira. De lo que no hay duda es de que las elecciones se ganan en el escrutinio, pero el Gobierno se consigue a fuerza de acuerdos en las cámaras y resulta infantil el pataleo de PP, ante la exacta interpretación de la democracia parlamentaria; asemejar a Sánchez con ETA o el golpe militar de Tejero es una inquietante abdicación de la personalidad por parte de Núñez Feijóo.
Por esta vía se impone el cainismo, aunque la manifestación multitudinaria del PP el pasado domingo en Madrid nos permite albergar la débil esperanza de un movimiento hacia la moderación. La democracia es lo que es; no está sobrevalorada, como dice Vox, apostado enfrente de Ferraz, la sede socialista. La soberanía popular articula mayorías.
Ante la hipérbole como costumbre, no resulta hiperbólico alarmarse con los indepes que legislan después de conculcar. Pero el debate político exige claridad y no la zapateta diaria de guerras y pesquisas a los que nos han acostumbrado los gritos de la oposición. La acción sobre la voluntad ciudadana no es cuestión de músculo; no vale la imposición, se exige la educación orteguiana, que no es precisamente la simple norma de urbanidad de los párvulos.
El texto de la amnistía será avalado por el Tribunal Constitucional y consagrará el derecho a la secesión soberanista, pero no abrirá el camino de la independencia catalana. Las dudas del PP en relación con el TC, la corte que ampara los derechos, resulta impropia de un partido de Estado. A partir de hoy, Junts hará política dentro de las instituciones, aunque no sabemos hasta cuándo.
La Constitución del 78 no es militante, es adherible; uno puede estar dentro de ella sin necesidad de jurar bandera cada día como quiere el constitucionalismo de mirada corta. La Ley de Amnistía se desplegará en dos meses de plazo, con lo que el Gobierno se pone la venda antes de la herida; conoce el percal.
Desaparece el lawfare en el paraíso del lawfare, con el órgano de los jueces (CGPJ) caducado. ¿Qué pasará en los juzgados de instrucción que admitan demandas contra exmiembros del procés, amparándose en la necesidad de investigar nuevos casos en marcha? La anulación de penas y el archivo de causas del 2017 no son exactamente lo mismo y hay una larga lista de magistrados dispuestos a herborizar la investigación de los centenares de nuevas imputaciones que puedan producirse.
La fragilidad del Gobierno de progreso está siendo ampliamente debatida en el mundo de la economía; el sindicalismo corporativo de la CEOE, heredado del sindicato vertical de aquel ministro sin cartera, Gual Villalbí, razona como en los años del hierro. Pero la mirada socio-liberal y renana del actual presidente de Foment incide y decanta: “Vamos a estar a la altura”. Es la fineza de Sánchez Llibre.