La vida a todo tren de Deisy Alexandra, la novia del 'capo' que defraudó 20 millones al ICO

Conduciendo un Lamborghini Huracán, brindando con botellas de Moët & Chandon y luciendo vestidos de pasarela.

Así era la vida que Deysi Alexandra Rojas exhibía en sus redes sociales en plena pandemia del coronavirus. Entonces era la pareja sentimental de Jordi Ribadulla, el presunto cabecilla de la trama que defraudó más de 20 millones de euros en créditos avalados por el ICO.

Y, según se extrae de la investigación judicial, ella también se benefició económicamente de los negocios ilícitos de su pareja.

Beneficiaria a título lucrativo

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Crónica Global, Deysi Alexandra Rojas figura en la causa como partícipe a título lucrativo.

Al igual que el empresario y presidente del CF Gavà, Iván Carrillo, la pareja del presunto líder de la trama habría recibido dinero procedente del fraude sin haber participado directamente en su ejecución.

Iván Carrillo y el CF Gavà, entre los beneficiarios de la trama que saqueó 20 millones en créditos del ICO

En el caso de Rojas, el sumario recoge que percibió 387.145 euros provenientes de los fondos ilícitos obtenidos por la red liderada por Ribadulla.

La investigación sostiene que estas cantidades fueron transferidas sin que existiera ninguna contraprestación real —ni servicios prestados ni actividad económica que justificara los pagos—, motivo por el cual aparece en el procedimiento como beneficiaria directa del dinero defraudado.

Muebles, propiedades y coches

El rastreo financiero realizado durante la investigación revela, además, que parte de los fondos de la trama se destinó a la adquisición de bienes y gastos vinculados directamente a Rojas.

Entre ellos figura un pago de 3.941 euros a la empresa Muebles Sara Rodríguez SL, destinado a la compra de mobiliario para ella.

Asimismo, la investigación policial incorporó al sumario la escritura pública de compraventa de una vivienda a su nombre, junto con diversa documentación destinada a esclarecer la procedencia de los fondos utilizados para la adquisición del inmueble.

En paralelo, también se ha documentado el uso de vehículos de alta gama adquiridos por sociedades vinculadas al entramado empresarial controlado por Ribadulla, entre ellos un Lamborghini Huracán que ella misma conducía durante aquellos años.

Aquella vida de lujo quedaba reflejada también en sus redes sociales, convertidas entonces en un auténtico escaparate de ostentación. Coches, viajes, hoteles, vestidos de marca y estilismos propios de una pasarela formaban parte del contenido que compartía con sus seguidores en plena pandemia.

Según las averiguaciones realizadas por este medio, la actualidad, Rojas trabaja o dirige un centro de estética en el centro de Barcelona.

Fianza o embargo

A diferencia de los principales acusados —para quienes la Fiscalía solicita penas de 14 años y medio de prisión—, los partícipes a título lucrativo no se enfrentan a condenas penales, ya que no participaron en la creación de las empresas ni en la falsificación de la documentación utilizada para obtener los préstamos.

Sin embargo, la ley les obliga a restituir íntegramente las cantidades recibidas, ya que esos fondos proceden del fraude cometido contra bancos y organismos públicos.

En el caso de Rojas, las acusaciones reclaman la devolución de los 387.145 euros percibidos.

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Audiencia de Barcelona David Oller / Europa Press

Por este motivo, el juzgado le ha requerido que preste fianza por la cantidad obtenida, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes.

También deberá comparecer en el juicio oral que se celebrará en la Audiencia Provincial de Barcelona en calidad de beneficiaria de los fondos desviados.

Hasta 96 beneficiarios

Como ella, la Fiscalía ha identificado hasta 96 personas físicas que recibieron parte de los fondos procedentes del fraude.

Algunos, como Iván Carrillo o el empresario Marceli Nadal, habrían canalizado cantidades cercanas al medio millón de euros a través de sociedades mercantiles.

Otros beneficiarios recibieron transferencias de menor cuantía —desde decenas de miles de euros hasta cantidades simbólicas— dentro del complejo circuito financiero diseñado para dispersar el dinero.

Iván Carrillo, presidente del Gavà y de la Fundación de la FCF

Además del Ministerio Fiscal, también dirigen acciones contra los participantes lucrativos, la Abogacía del Estado —en representación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)—, Caixabank y Avalis de Cataluña, que buscan recuperar el dinero desviado de los préstamos concedidos durante la pandemia.

Entramado de empresas pantalla

Las ayudas de las que se beneficiaron los acusados consistían principalmente en préstamos concedidos por bancos, pero avalados parcialmente por el Estado a través del ICO o por organismos públicos como Avalis, dependiente del Institut Català de Finances.

Por ello, con Jordi Ribadulla al frente, esta organización diseñó un entramado de empresas pantalla utilizadas para solicitar los préstamos millonarios a las distintas entidades financieras.

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Sobre el papel, estas compañías cumplían todos los requisitos para acceder a las ayudas. En la práctica, sin embargo, la red presentaba ante los bancos documentación completamente manipulada para simular que las empresas estaban al corriente de sus obligaciones fiscales.

Fue así como lograron acceder a préstamos millonarios que terminaron generando un fraude superior a los 20 millones de euros, ahora pendiente de juicio en la Audiencia de Barcelona.