Las empresas cotizadas en bolsa comienzan a divulgar las retribuciones de sus consejos de administración en 2019. Tales documentos son accesibles para cualquier persona interesada en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Especifican con pelos y señales el festival de chollos dinerarios que se embolsan los primeros espadas de las mayores compañías nacionales.

Estas han inventado un sinfín de privilegios para su casta dirigente. El repertorio abarca los sueldos fijos o variables, las dietas, las opciones sobre acciones, los bonos estratégicos, los seguros, las pensiones y una batería inacabable de sinecuras de todo pelaje, que en ocasiones alcanzan cotas siderales.

Hay un aspecto, muy llamativo por cierto, que suele pasar inadvertido. Me refiero a la moda de los contratos blindados, que se ha extendido como mancha de aceite por la piel de toro.

Hasta 2012, las sociedades sólo recogían los concernientes a los capitostes supremos. Desde 2013, la transparencia se ha propagado a toda la plana mayor.

Las cláusulas acorazadas son independientes de los abonos ordinarios. Suelen otorgar al mandamás de turno, para cuando abandone la poltrona, un momio añadido de carácter indemnizatorio.

A raíz de la crisis financiera, la Comisión Europea recomendó poner coto a los blindajes, a la vista de los excesos que se venían cometiendo con ellos.

Las eminencias grises de Bruselas arguyeron que semejante práctica significaba premiar el fracaso de los directivos de bancos rescatados con fondos públicos. Para evitarlo, aconsejaron prohibir de forma tajante que se sobrepasara el importe de dos años completos de salario fijo.

La admonición de la UE surtió consecuencias dispares. Algunos de los destinatarios la siguen a pies juntillas. Otros se la pasan por el arco del triunfo. Otros más la aplican, pero sin efectos retroactivos. De esta forma, se preservan intactas las dádivas de los abanderados veteranos.

La última que se suma a la moda de los paracaídas dorados es la energética Naturgy. Ha obsequiado con uno de ellos a su presidente ejecutivo Francisco Reynés.

Este ha suscrito con la propia corporación un pacto por el que se le reconoce el derecho a percibir dos pagas anuales completas, más una tercera, esta última limitada a sólo la gratificación fija.

Dado que el mentado jerarca se embolsó el año pasado unos emolumentos de 5 millones, quiere decirse que ya tiene garantizado un finiquito de más de 10 millones para cuando ceda el testigo a su sucesor.

Además, ha empezado a acumular su particular fondo de pensiones, donde ya se le han satisfecho 2,7 millones.

Al margen del líder, otros consejeros no ejecutivos del grupo gasista disfrutaron de estipendios suculentos. Por ejemplo, los 355.000 euros de Ramon Adell; o los 235.000 de Enrique Alcántara-García y de Marcelino Armenter. En total, el estado mayor acarreó un coste para el accionariado de 7,8 millones.

Otra empresa muy espléndida con sus mandarines es la aseguradora Mapfre. Su presidente Antonio Huertas ganó el año pasado 2,6 millones. Esta cifra incluye 541.000 euros aportados a su fondo de pensiones, que ya luce 4,4 millones. Dichos guarismos son sensiblemente parecidos a los del ejercicio precedente. El consejo entero se llevó casi 8 millones.

Tales remuneraciones palidecen frente al listado de gangas que se llevó al zurrón la cúpula de BBVA.

La propia institución está imputada como ente jurídico por la siniestra retahíla de actos de espionaje, seguimientos y pinchazos telefónicos que perpetró el comisario José Manuel Villarejo.

Ese maleante figuró durante 13 años en la nómina del banco, cuando Francisco González empuñaba la batuta de mando. FG también luce la condición poco honrosa de investigado en el sumario que tramita la Audiencia Nacional.

Los gerifaltes del BBVA no son mancos precisamente a la hora de autoasignarse prebendas. Así el comandante en jefe Carlos Torres devengó en 2019 la generosa cantidad de 7,4 millones, con alza de nada menos que un 25% sobre el año anterior. El turco Onur Genç, consejero delegado, recibió 6,3 millones.

Adicionalmente, el fondo de pensiones de Torres embalsa ya 21,5 millones, sufragados íntegramente por el banco. Aún anda lejos de los fastuosos 80 millones que arrambló su predecesor Francisco González, pero todo se andará.

Por cierto, el incremento salarial que Torres se ha adjudicado carece en absoluto de justificación. Ocurre que los beneficios del banco por él acaudillado se desplomaron el año pasado un 35%. Dado tamaño retroceso, no parece muy oportuno galardonar al máximo responsable de la gestión con un engorde desmedido de sus honorarios.

Entre los miembros que son simples vocales del consejo, sin funciones gerenciales, destaca Jaime Caruana, exgobernador del Banco de España. Su aguinaldo ascendió a 527.000 euros. Algo menos, 507.000 euros, correspondió a Juan Pi Llorens, antaño jefe de IBM España.

Entre pitos y flautas, el flamante órgano de administración costó en 2019 a las arcas sociales la bonita suma total de 15,4 millones.

La sucesora de Gas Natural y el BBVA figuran entre los más madrugadores a la hora de publicar sus respectivos informes sobre las canonjías repartidas.

De las magnitudes transcritas se desprende una clara conclusión. Las bicocas de los procónsules situados al frente del establishment del parqué, se comparan ventajosamente con las de sus colegas del resto de Europa. Y ello, pese a que los salarios en España son de monto muy inferior al promedio de los que imperan en el viejo continente.