Gordó irrumpe en el 'caso Iberpotash'

Visto para sentencia el juicio al alcalde de Súria (Barcelona), Josep Maria Canudas (PDeCAT); a tres concejales; el arquitecto, y a dos secretarios del municipio del Bages por un presunto delito de prevaricación urbanística con la empresa Iberpotash. La sección tercera de la Audiencia de Barcelona deberá decidir ahora sobre la petición de cárcel de la Fiscalía. Una deliberación que empieza con las dudas sembradas sobre el papel que ejerció Germà Gordó en el proceso que se investiga.

El caso parte de la adjudicación de una licencia urbanística que la filial del gigante israelí ICL había solicitado en 2011 para construir una nueva rampa para mover maquinaria de la mina. Proyecto que el gobierno local autorizó de forma provisional en 2012 y que la Generalitat paró en enero de 2013 al detectar fallos en la licencia municipal.

Básicamente, que se había construido la pista forestal temporal sin los informes ambientales correspondientes y antes de que se aprobara el plan urbanístico que la amparaba en unos terrenos catalogados como fincas rurales. Parcelas que eran propiedad de un exconcejal convergente en el consistorio y cuñado del secretario municipal, Joan Castellà, quien ha explicado que los recibió en herencia.

El papel de Gordó

Gordó, apartado ahora de actualidad política al ser imputado en el caso 3%, ejercía de secretario del Gobierno de la Generalitat durante la tramitación de la licencia que ha acabado en la audiencia. Los denunciantes del caso --vecinos de la zona y entidades ecologistas, aunque es la CUP la que ejerce de acusación particular por ser la impulsora de las denuncias-- aseguran que estuvo al corriente de la situación y que ejerció una actitud permisiva ante las actuaciones del ejecutivo local.

Recuerdan que por su papel en el primer Gobierno de Artur Mas había participado en múltiples encuentros públicos en los que gerentes de ICL Iberia daban cuenta de los proyectos de expansión de la actividad minera en Cataluña. Unas iniciativas que también están en los tribunales por los presuntos efectos nocivos sobre el medio ambiente. De hecho, pesa una orden de cierre sobre la explotación del municipio vecino de Sallent.

Tribunal que dictará el caso

Estas apreciaciones no han derivado en una acusación formal al también exconsejero de Justicia, aunque su nombre ha salido en varias ocasiones en los días que ha durado el juicio. También se ha cuestionado el tribunal que deberá dictar sentencia.

Los implicados señalan que la esposa de Gordó, Roser Bach, forma parte de la Sala Penal de la Audiencia. No integra la sección que deberá pronunciarse sobre las consecuencias de la licitación en el consistorio convergente.

Conclusión de la Fiscalía

La Fiscalía ha considerado en su alegato final que las actuaciones en Súria para facilitar la licencia en Iberpotash fueron una “barbaridad”. Especialmente por parte de los técnicos que participaron en la tramitación urbanística, cuya larga experiencia en el ayuntamiento no ha lugar para que se justifiquen los errores evidentes en un desconocimiento involuntario.

Por ello, pide penas de entre dos años y nueve meses y un año y medio para estos acusados. Acepta la rebaja de dos años de cárcel al alcalde de Súria que ha solicitado la CUP, además de la inhabilitación de 10 años y una multa de 9.000 euros.