Cuentas castiga un 'pufo' en la antigua constructora metropolitana

El Tribunal de Cuentas ha castigado un pufo en Regesa, la antigua constructora que impulsó vivienda social en Barcelona y su entorno por encargo del extinto Consejo Comarcal del Barcelonès (CCB). El fiscalizador ha impuesto una sanción al consejero delegado de la firma, que aún existe y tiene activos, pero que está en liquidación, por bien que la sentencia no es firme y el afectado la ha recurrido. 

Imagen de una promoción de pisos de Regesa / OAB

Es lo que consigna Cuentas, que ha condenado a Jaume Vendrell, máximo directivo de la empresa pública en disolución, por un menoscabo contable de 24.000 euros. La condena emana de una petición de la Fiscalía al organismo. Con todo, descarta culpar a otros dos investigados por la misma causa, el extesorero y el exsecretario de la Fundación Pisos de Lloguer de Regesa. Castiga al máximo ejecutivo a retornar 24.000 euros que la firma pagó como bonus de jubilación ilegal a una trabajadora. 

La mayoría del caso no merece reproche

Por contra, el Tribunal de Cuentas no ve elementos de culpa en dietas abonadas a empleados en 2010, amén de otros pagos menores que recibió la plantilla o la condonación del Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) a los inquilinos de los pisos administrados por la sociedad los años 2009 y 2010. Cuestiones todas ellas que levantaron polvareda en su momento y también fueron investigadas. 

El único menoscabo de dinero público que contempla es en la jubilación de una trabajadora que decidió el propio Jaume Vendrell y que compensó él mismo con un bonus de 24.000 euros fuera de convenio. El extra no le correspondía y ahora deberá ser reestablecido a las arcas públicas por la persona que lo otorgó, no por la empleada que lo cobró. 

Apelada

Fuentes conocedoras del caso han recordado que la sentencia de Cuentas no es firme. Puede ser apelada y el equipo legal de Vendrell se habría acogido a su derecho de contestar al apelar a una instancia superior. Por su parte, la portavoz del Tribunal, preguntada por Crónica Global, se ha limitado ha destacar el texto de la sentencia. 

La condena por un pago ilícito menor en Regesa es la primera constatación de que un proyecto público de construcción de parque de vivienda social salió mal por polémicas en la gestión interna. La firma terminó acumulando 45 millones de deuda que la hizo inviable. Finalmente, las administraciones herederas del CCB decidieron liquidarla. Por el camino, la constructora --que no guarda relación con la constructora supralocal actual, el Impsol-- presentó cifras anómalas. En 2017, por ejemplo, pagaba a sus proveedores a 842 días por las tensiones de tesorería que arrastraba, tal y como explicó este medio. 

'Caso Marina Besòs'

En el plano personal, la condena del Tribunal de Cuentas significa el segundo traspiés, en este caso administrativo, para los exdirectivos del Consejo Comarcal del Barcelonés, un ente de coordinación municipal que terminó disuelto entre acusaciones de corrupción. El propio Jaume Vendrell es también uno de los investigados en el llamado caso Marina Besòs, la causa que investiga si hubo trato de favor en la operación inmobiliaria en que se reconvirtieron las piscinas de Sant Adrià de Besòs en una discoteca del Grupo Amnesia. 

La discoteca Atlántida, del grupo Amnesia, cuando estaba operativa (izquierda) y en la actualidad (derecha) / CG

De hecho, los terrenos sobre los que reposaba el club de ocio nocturno considerado ilegal eran de esta Administración supralocal. La juez de la sala de Instrucción número 2 de Badalona ha citado a Vendrell como imputado en la causa. 

El Consejo, disuelto

La resolución de Cuentas también da la puntilla a un polémico proyecto de vivienda social pública de una década atrás. El fiscalizador afea parte de la gestión de una sociedad pública que debía "mejorar la vida de los ciudadanos" de la propia capital catalana y de las ciudades de Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet. Regesa impulsó diversas promociones de viviendas de alquiler social desde 1984, pero acabó quebrada. 

Quizá por ello, en 2013 y con Xavier Trias en la alcaldía de Barcelona, colocó cuatro bloques y 298 unidades por 11,4 millones de euros al fondo Azora, lo que provocó un torrente de críticas. Como explicó este medio, esos pisos protegidos no se recuperarán para el parque público. Las administraciones finalmente tuvieron que rescatar al grupo, que se encuentra en proceso de disolución.