Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, presidiendo una reunión del Área Metropolitana de Barcelona / CG

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, presidiendo una reunión del Área Metropolitana de Barcelona / CG

Política

El Tribunal de Cuentas destapa un 'pufo' en una constructora metropolitana

Regesa, promotora gestionada desde el AMB, presenta "irregularidades" en la gestión económica, avisa el fiscalizador

2 diciembre, 2020 00:00

El Tribunal de Cuentas ha destapado un pufo en Regesa, una constructora metropolitana. El fiscalizador del gasto público ha alertado de "irregularidades en la gestión económico-financiera" de esta promotora adscrita antes al Consejo Comarcal del Barcelonès (CCB), y que ahora pilota el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como liquidadora del ente público.

Así lo atestigua un edicto del Tribunal de Cuentas emitido a fecha 20 de noviembre. El documento informa que el departamento primero de la sección de enjuiciamiento se encarga del juicio contra el Consejo Comarcal, en proceso de extinción, por un "posible descubierto producido en los fondos públicos como consecuencia de las irregularidades detectadas en la gestión económico-financiera". El boquete detectado por el tribunal es, por ahora, de 136.699,84 euros. 

Un agujero negro

Este medio ha contactado con el AMB, organismo supramunicipal que pilota la disolución del Consejo Comarcal, sin recibir respuesta. Sí han hablado fuentes de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona, que han recordado que Regesa y Regesa Aparcaments i Serveis (Ressa) generaron una cuantiosa deuda durante años que Ada Colau, alcaldesa, tuvo que gestionar cuando llegó al puesto en 2015. Eran 58,9 millones de euros, avanzó El Mundo en 2019, y eso que el antecesor de Colau, Xavier Trias, había inyectado millones de euros --ocho solo en 2019-- para asegurar la viabilidad de la mercantil.

Las obligaciones de Regesa derivan de las promociones de vivienda pública que elevó la empresa adscrita al consejo, y que totalizan hasta 5.000 pisos protegidos solo en Barcelona. Estos bloques se construyeron con préstamos bancarios que ahora la promotora no puede devolver. Regesa trató de pasarlos a la administración local de la capital catalana, pero esta los rebotó al AMB. Ahora es la administración supramunicipal quien debe lidiar con los pasivos financieros y, además, con una investigación del Tribunal de Cuentas.

La gestión patrimonial, controvertida

Si la gestión económico-financiera es controvertida, no lo es menos la patrimonial. Además de vivienda protegida, Regesa construyó párkings en distintos puntos de Barcelona. Uno de los más polémicos fue un caro estacionamiento de obra nueva construido en la calle Beethoven de Barcelona, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, la zona alta de la ciudad. Los últimos van pegados a las promociones de vivienda protegida en las pocas zonas de la capital catalana que quedan por desarrollar, como los antiguos cuarteles de Sant Andreu y el barrio de la Mare de Déu del Port, en Sants-Montjuïc.

También hay críticas a la obra de gobierno de la administración madre de Regesa. El Consejo Comarcal del Barcelonès, en proceso de extinción, tiene a su presidente, Francesc Josep Belver, también presidente de Regesa, investigado por el caso Marina Besòs. Jaume Vendrell, gerente del CCB y consejero delegado de la promotora, figura como imputado en el mismo procedimiento. El juez investiga si ambos hicieron un favor urbanístico a Martin Ferrer, dueño de Amnesia y rey de la noche, cuyo proyecto de Atlàntida Barcelona acabó en fiasco y con deudas al erario.