Barcelona da por perdida la vivienda social vendida a Azora

Lo temía la oposición metropolitana en el AMB y lo confirmó ayer a preguntas de este medio la concejal de Vivienda y Rehabillitación de Barcelona, Lucía Martín (BComú). La electa lamentó la venta de 300 pisos protegidos a Azora en 2013, pero recordó que "una Administración no puede comprar vivienda a discreción, lo puede hacer ejerciendo el derecho a tanteo y retracto". Esa colocación de patrimonio público, recordó Martín, es equivalente a la venta de vivienda protegida particular tras unos años de cesión. 

Liquidará la constructora

La renuncia a recuperar el patrimonio vendido a un fondo de inversión, que el AMB no ha querido confirmar a preguntas de este medio, no es exclusiva de Barcelona. Nada se sabe de las intenciones de los alcaldes y alcaldesas de L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, donde se ubicaban otros de los pisos protegidos entregados a Azora. 

Lo único que se conoce es lo que verbalizó un portavoz del Área Metropolitana a preguntas de este medio. El alto cargo subrayó que la promotora de vivienda pública del Consell Comarcal, Regesa, se liquidará tras vender los activos que queden. No se depurarán responsabilidades por los escándalos ni por la mala gestión. Ni tampoco se recuperarán los 300 pisos colocados a la gestora de fondos. 

Escasez de parque público

La privatización de vivienda social, que no es atribuible a los gestores políticos actuales sino a la que fuera la cúpula del Consejo Comarcal del Barcelonès, imputada en el caso Marina Besòs, sí la paga ahora Barcelona. 

El equipo de gobierno de la alcaldesa Ada Colau alcanzó un primer mandato en 2015 con la promesa de elevar 4.000 pisos de alquiler a precio asequible y movilizar otros 4.000 más. Ayer mismo, la propia Martín admitió que el ayuntamiento tiene "en construcción o cerca de iniciarla" 2.300 unidades en marcha. El Ejecutivo local libra ahora una batalla contra la escasez de parque público y, también, contra sus propias promesas en este campo. 

Privatizada por mala gestión

Esa carestía de pisos protegidos sería un poco más llevadera con las 298 unidades que el Consejo Comarcal del Barcelonès vendió por 11,4 millones de euros a Colón Viviendas, filial de Azora, en 2013. La venta se aprobó con los síes de CiU, PSC, ICV, ERC y la Agencia Catalana de la Vivienda (ACH). El PP la rechazó. 

En aquel momento, el gerente del Consejo, Jaume Vendrell, justificó la operación con el argumento de que se liquidaba la Fundació Pisos de Lloguer, una sociedad adscrita a la polémica Regesa, la promotora del Consejo Comarcal. Esa institución está ahora casi liquidada, pero nadie recuperará el patrimonio público que traspasó al sector privado.