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Dos imágenes del 'Crescent', atracado en Port Tarraco, en Tarragona / DGMM

Retenido el yate sospechoso de ser de Putin en Tarragona

Marina Mercante interviene el 'Crescent', que 'Crónica Global' avanzó que se relaciona con el presidente ruso, para investigar su propiedad

5 min

El Gobierno ha retenido en Tarragona un megayate sospechoso de ser propiedad del entorno del presidente ruso, Vladimir Putin. La Dirección General de Marina Mercante ha intervenido el Crescent, atracado en el puerto deportivo de Port Tarraco, horas después de que Crónica Global avanzara en exclusiva que se sospechaba de que podría pertenecer al mandatario responsable de la invasión de Ucrania. 

En un comunicado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha informado de la "inmovilización provisional" del Crescent, que mide 135 metros de eslora y 21 de manga y cuyo valor en el mercado ronda los 540 millones de euros. El decomiso temporal se produce para comprobar la "titularidad real" del buque de recreo. 

¿De quién es?

En efecto, Marina Mercante busca comprobar si la "propiedad, tenencia o control del buque" corresponden a una de las personas físicas sancionadas por la Unión Europea por su cercanía al presidente ruso, Vladimir Putin. La lista de castigos económicos busca presionar a los altos funcionarios y empresarios rusos para detener la agresión bélica de Rusia en Ucrania. 

A este respecto, el ente adscrito a Transportes subraya que la incautación temporal del Crescent, que en el sector náutico se relaciona con el propio Vladimir Putin, hasta el punto de que su buque hermano, el Scheherazade, está siendo investigado en Italia, es la tercera nave de superlujo intervenida en España esta semana. 

Policía: Igor Sechin

Por su parte, fuentes policiales han deslizado a Europa Press que el Crescent podría pertenecer al entorno de Igor Sechin, consejero delegado de Rosneft, una empresa petroleroa gubernamental rusa. 

A la espera de que se determine quién es el dueño del megayate, si se confirma que la propiedad es de Sechin sería el segundo activo intervenido al alto directivo, pues Francia ya decomisó de forma cautelar el Amore Vero en la Costa Azul. 

El 'Valerie' y el 'Lady Anastasia'

En España, las autoridades nacionales comenzaron a ejecutar las sanciones europeas en España con el decomiso temporal del Valerie, de Sergey Chemezov, máximo directivo del conglomerado estatal Rostec. En paralelo a ello, la Guardia Civil custodia el barco Lady Anastasia, atracado en Calvià (Islas Baleares). 

El activo se relaciona con Alexander Mijeev, consejero delegado de Rosoboronexport, agencia estatal de intermediación de soluciones de defensa en Rusia. Como en el resto de casos, policías y altos técnicos del Estado peinarán ahora las sociedades propietarias del activo y su bandera de conveniencia. Se busca si el beneficiario último podría ser una de las personas sancionadas por la UE por Ucrania. 

Varios investigados y un amarre

De hecho y como ha avanzado La Vanguardia, los poderes del Estado han puesto la lupa en una decena de individuos con activos en España que podrían ser sancionables con arreglo a la última actualización del castigo económico comunitario por la invasión de Ucrania. 

Entre ellos figura otro de los oligarcas que podría perder un bien: Alisher Usmánov. Al accionista mayoritario de Metalloinvest se le vincula con un megamarre situado en el Puerto de Barcelona, informó Crónica Global. Se trata de un punto de atraque de 180 metros de longitud para su yate Dilbar, que está varado en Hamburgo (Alemania) porque las sanciones europeas le impiden navegar. 

Trató de zarpar

Sea como fuere, la última aportación a la lista de bienes intervenidos para comprobar su titularidad en España es el Crescent. Marina Mercante precisa que llegó a Tarragona el 2 de noviembre. El pasado 4 de marzo, con la invasión de Ucrania en marcha, la nave pidió a la Capitanía Marítima zarpar, pero no lo hizo. 

Ahora, el buque está bajo control de la propia Capitanía, que ha comunicado la retención a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a los entes de prevención de blanqueo de capitales y antiterroristas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todos los agentes implicados deberán dilucidar quién es el propietario o beneficiario del activo, y si éste se encuentra en la lista de sancionados aprobada por el Consejo Europeo.