Oligarcas: el Gobierno debe decidir

Ignasi Jorro
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La respuesta​ de la Comisión Europea a la pregunta de este medio de quién decide si se castiga a un oligarca ruso por la agresión del país a Ucrania es clara: son los estados miembros. El gobierno comunitario que preside Ursula Von der Leyen es diáfano a este respecto: si se cree que el castigo económico contra grandes empresarios rusos es una respuesta pertinente y proporcionada a la invasión de su país contra el Estado vecino, deben ser los Ejecutivos de los 27 quienes lo ejecuten, como anunció el propio presidente del Gobierno que haría con el yate Aurora, de Andrey Molchanov este lunes. La Comisión velará y armonizará la respuesta, pero los pasos los debe dar cada gabinete, como corresponde a una decisión que emana del Consejo de la Unión Europea

Ante ello, al Gobierno nacional se le plantea la cuestión de cómo actuará. Moncloa debe ponderar si opta por más medidas de castigo contra individuos con pasaporte ruso tras Molchanov, contra cuáles, si es que lo hace, y con qué alcance. Se trata de una disyuntiva con, esta vez, más de una respuesta. En el caso español, nada ejemplariza mejor este nuevo proceso de toma de decisiones que la existencia del superamarre vinculado al alto directivo Alisher Usmánov en el Puerto de Barcelona.

El Ejecutivo debe decidir qué hacer con un bien que podría chocar con la lista de sanciones que han aprobado los 27. De hecho, si acciones, estas no serían estrictamente novedosas, pues Italia ya ha intervenido contra una de las casonas del accionista de referencia de Metalloinvest, mientras que en Alemania se especuló con el decomiso de su yate Dilbar, aunque la información se desmintió posteriormente. Lo que sí que ha ocurrido es que la nave, cuyo precio ronda los 545 millones de euros, no puede pagar a la tripulación por las sanciones europeas, por lo que la tuvo que despedir. Ha quedado varada en Hamburgo. 

Corresponde pues al Gobierno decidir si es preciso implementar más sanciones o quedarse con el Aurora, cuyo valor se estima en 140 millones de euros; en otras palabras: ponderar el alcance del mandato europeo. Valorando si el castigo es proporcional y, sobre todo, ajustado a derecho. Es tarea del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital es valorar si la acción de actuar desde una Administración pública contra un bien privado, que en condiciones normales sería una quimera en una sociedad avanzada, está justificada por el baño de sangre en Ucrania

El principio de cautela y mesura debería regir la actuación de las instituciones. No vale castigar a alguien por su pasaporte, ni hacerlo indiscriminadamente, ni obrar sin tener en cuenta las consecuencias. Decomisar un bien antes incluso de un proceso judicial es una acción grave cuyas consecuencias deben tomarse en consideración. El precedente que crea es peligroso, y solo la defensa de un derecho mayor puede justificarlo. 

Otros estados ya lo han comenzado a hacer, aunque es cierto que a distintos ritmos. Del anuncio algo grandilocuente del presidente de Estados Unidos Joe Biden de "perseguir los activos ilícitos de los oligarcas rusos" --"vendremos a por ustedes", llego a decir el jefe de Estado en su discurso del Estado de la Unión-- a la ejecución efectiva media una distancia. Es un terreno que debe recorrerse con la debida cautela con la que --generalmente-- operan las Administraciones públicas cuando embargan un buen privado. Pero si la medida está justificada y puede aportar a detener la barbarie en Ucrania, el Gobierno debe actuar. La decisión no es fácil, pero debe tomarse.

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¿Quién es... Ignasi Jorro?
Ignasi Jorro

Ignasi Jorro (1982), periodista de Crónica Global, especializado en empresa y salud