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Un comerciante utilizando el REC, la moneda social del Ayuntamiento de Barcelona / EP

Barcelona rescata su moneda social tras dos años de 'pinchazo'

El ayuntamiento vuelve a hacer campaña con dinero público por el REC pese a que menos de 200 comercios la utilizan

3 min

El Ayuntamiento de Barcelona ha vuelto a salir al rescate de su moneda social tras dos años de pinchazo. El gobierno municipal inyecta de nuevo dinero público en su polémica forma de pago alternativa pese a que menos de 200 comercios de la Ciudad Condal, frente a un total de un millón de empresas, la utilizan.

El gobierno municipal ha anunciado que pone en marcha la campaña Li toca al barri (le toca al barrio, en catalán), que busca "dar un nuevo impulso a la moneda ciudadana REC (Recurso Económico Ciudadano)". La acción publicitaria persigue incentivar también el consumo en 10 barrios del Eje Besòs y que pertenecen a los distritos de Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris.

Menos de 200 comercios de un total de un millón

La inyección de dinero público en forma de campaña llega tras dos años y medio de pinchazo de la divisa alternativa al euro. Tal y como avanzó Metrópoli Abierta en abril, apenas 175 botiguers se han sumado a la iniciativa, que han diseñado las áreas que controla Barcelona en Comú en el ayuntamiento.

Según el último informe publicado sobre el comercio en Barcelona [consultar aquí] operan en la capital catalana 1.009.437 empresas adscritas al sector terciario, de las cuales 161.122 son puntos de venta y reparaciones y 88.830 son establecimientos de hostelería. El comercio facturó más de 38.000 millones de euros en 2018, mientras que el impacto del REC fue de cerca de 900.000 euros.

Una oenegé afín la tutela

Cabe recordar que el REC o la moneda social de Colau en Barcelona es una iniciativa del ayuntamiento, que ha subcontratado a la oenegé Novact para implementarla.

La entidad social que pilota Martí Olivella es contratista habitual de la Administración local. Ello no impidió a esta entidad formar a los muros humanos que trataron de impedir la acción policial tutelada por la jueza Mercedes Armas durante el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.