Jaume Roures, socio gestor de Mediapro, en un contacto con la prensa / EP

Jaume Roures, socio gestor de Mediapro, en un contacto con la prensa / EP

Business

Fiscalía cree que los sobornos que salpican a Mediapro "alteraron el mercado"

El ministerio público de EEUU sostiene que la estratagema criminal permitió "ganar mucho dinero" a los participantes durante "diez años o más"

5 marzo, 2023 00:00

La Fiscalía del distrito este de Nueva York (Estados Unidos) cree que la trama de los presuntos sobornos a cambio de derechos de retransmisión del fútbol que salpica a Mediapro, "alteró el mercado" mundial de este producto. El ministerio público sostiene que la estratagema criminal que implica a uno de los fundadores del grupo de Jaume Roures permitió "ganar mucho dinero" a sus participantes durante "una década o más". 

Es lo que se desprende de las conclusiones leídas por Fiscalía en las últimas horas en el primer juicio a parte de la supuesta trama, y en el que está acusada la empresa argentina de marketing audiovisual Full Play --que fue aliada de Mediapro, como detalló este medio-- y los ex ejecutivos de Fox Hernán López y Carlos Martínez. Según han explicado voces presentes en la vista de conclusiones, los fiscales insistieron en que los enjuiciados "y otros investigados" --entre los que se incluye Gerard Romy, cofundador del grupo audiovisual con Roures y Tatxo Benet-- "alteraron el mercado de los derechos para pagar precios más bajos". 

"Durante una década"

Lo explica un asistente a la sesión, que detalla que un fiscal asistente, Eric Silverbeg, argumentó ante la juez Pamela K.Chen que los dos exdirectivos y la empresa suramericana eran culpables toda vez que integraron "una trama criminal". Según el abogado, los acusados "hicieron trampas por su avaricia" y pervirtieron el sistema de compraventa de derechos, "consiguiéndolos en condiciones muy favorables sin ninguna contrapartida". 

El empresario Alejandro Burzaco, juzgado en el 'caso sobornos' en Estados UnidoEl '

El empresario Alejandro Burzaco, juzgado en el 'caso sobornos' en Estados UnidoEl '

Ello lo hicieron, argumentó Silverberg, "corrompiendo a los altos cargos" de las federaciones deportivas de Centro y Suramérica. "Que tenían una responsabilidad como tales, pero que prefirieron llenarse los bolsillos", afeó a renglón seguido.  

Un arrepentido, clave

Las dos partes, empresas deportivas y altos cargos de federaciones, habrían pactado los pagos ilegales "por medio de dos contratos cada vez: uno real y otro ficticio". Estos acuerdos "eran la espina dorsal" de los delitos, sostiene la acusación. Tras ello, Full Play y otras empresas ganaron contratos irregularmente --Mediapro reconoció en 2018 que se benefició de uno de ellos y pagó una multa de 21 millones-- para partido amistosos, de clasificación para la Copa del Mundo, la Copa América y la Copa Libertadores. 

Para sostener su argumento y como explicó Crónica Global, la Fiscalía ha recordado la testifical del exdirectivo arrepentido Alejandro Burzaco, exconsejero delegado de la empresa Torneos que, como Full Play y Media World, filial de Mediapro en Estados Unidos, participó en la estructura criminal, defiende la Fiscalía. Por ello, cree que la firma argentina, López y Martínez son culpables "de todos y cada uno de los delitos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. "Hubo transferencias una vez, y otra, y otra y otra", dijo el fiscal Silverberg para apuntalar este último delito. 

Los acusados lo niegan

Ello, como es natural, lo niegan los abogados defensores. Sostienen que pese a las testificales que incriminan a sus clientes y los mensajes de Whatsapp que hablan de las negociaciones de los sobornos, que habrían tenido lugar entre 2005 y 2015, no queda acreditado que los pagos se explicaran por sobornos, por lo que los ex ejecutivos deben ser absueltos por el jurado con arreglo a su presunción de inocencia. 

Por ejemplo, las fuentes consultadas recuerdan que Carlos Ortiz, abogado del despacho estadounidense Baker & Hostetler que representa a Full Play, admitió que, en efecto, los pagos a altos cargos existieron, pero negó que fueran ilegales y que hubiera conspiración alguna para sobornar. "Mis clientes desconocían que los directivos estaban regidos por un código ético desde 2013", precisó el letrado. Asimismo, algunos de los pagos fueron "transacciones vinculadas con el inmobiliario". La firma, agregó, "jamás los escondió" aunque a veces no aclarara su motivo. 

Mediapro niega vinculación, pero Romy está

Esta línea de defensa es distinta a la que usa Mediapro. El conglomerado audiovisual con sede en la avenida Diagonal de Barcelona recuerda que ninguna de sus empresas ni directivos está acusado en este primer procedimiento ni en ninguno de los demás que seguirán. Asimismo, enfatiza en que ya llegó a un pacto con la Fiscalía en 2018 que zanjó la posible participación de su filial de Estados Unidos y ex empleados de esta mercantil en la trama, y que éstos fueron despedidos. 

Sede de Imagina, cabecera de Mediapro, en la avenida Diagonal de Barcelona / Cedida

Sede de Imagina, cabecera de Mediapro, en la avenida Diagonal de Barcelona / Cedida

Lo cierto es que Gerard Romy, cofundador de la compañía con Roures y Benet, es uno de los investigados en la macrocausa, por bien que no en este primer juicio concreto. La Fiscalía le sitúa en la misma trama criminal que a Full Play y los exdirectivos de Fox, y le considera fugado

Sobornos al por mayor

Lo factual es que el primer juicio ante la juez Chen arranca la nueva acusación de Fiscalía sobre el pago masivo de sobornos en el fútbol mundial a cambio de derechos de retransmisión de partidos en Centro y Suramérica hasta 2015. Las mordidas existieron, porque el ministerio público ha conseguido 27 autoinculpaciones de implicados en la treta, dos condenas individuales y cuatro de empresas, entre las que incluyen Imagina US, la filial de la matriz de Mediapro en el país. 

Ello no es óbice para que el grupo de Roures se desmarque de la nueva ronda de juicios asegurando que ya cerró este capítulo. Eso sí, lo clausuró con el reconocimiento de que pagó al menos un soborno y que para ello utilizó bancos en Panamá, país al que la Unión Europea considera paraíso fiscal. Esta conducta choca frontalmente con los negocios entre la firma y el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene aprobado un plan antievasión fiscal desde 2016. Pese a ello, Mediapro participa en, por ejemplo, la creación de vivienda social con el gobierno municipal.