La operación urbanística de Colau con Roures se encarece 1,2 millones

La última operación urbanística entre el gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona y Jaume Roures, presidente ejecutivo de Mediapro, se ha encarecido de ocho millones de euros a 9,2 millones, esto es, un incremento de un 15% en relación a lo anunciado inicialmente por el Ejecutivo local. 

Son las cifras que trascienden de la documentación de acuerdo urbanístico entre el Ayuntamiento de Barcelona y Coyoacan Invest SL para que la segunda, participada por Mediapro, salve el Gimnasio Social Sant Pau y construya 36 pisos de alquiler asequible sobre el equipamiento deportivo. Aunque la entente se ha encarecido un 15% respecto a lo anunciado, el bipartito sociocomún insiste en que el promotor "no recibirá ninguna prima" por desarrollar la operación. 

El canon cuesta seis millones; Roures pagará uno

Hay más datos. La maniobra entre la Administración local y la participada de Mediapro, la segunda iniciativa conjunta para crear vivienda social tras el fiasco de la primera, que marcha con retraso, se basa sobre una tasación de 6,38 millones de euros del derecho de superficie. 

Pese a ello, Coyoacan, de Roures, pagará al ayuntamiento un canon único de 959.000 euros por 55 años de uso antes de devolver el inmueble. Previo a ello, la Administración habrá comprado la finca por los citados 9,2 millones de euros, pese a que en el anuncio municipal [ver aquí] se citó el precio de "unos ocho millones de euros". 

El directivo pagará las obras

Lo que sí deja claro el gobierno municipal, ha explicado una portavoz, es que "el coste de construcción irá a cargo del adjudicatario". Esto es, Coyoacan pagará la rehabilitación y reapertura del Sant Pau y de la obra de 36 pisos de alquiler asequible que, cuando se terminen, gestionará la Fundació Hàbitat 3. Le costará 5,8 millones de euros, según la valoración de Tinsa. 

El socio fundador de Mediapro Jaume Roures en el Parlament / EUROPA PRESS

Como explicó este medio, la operación es posible porque el Ayuntamiento de Barcelona adjudica a dedo, sin concurrencia, el derecho de superficie a la sociedad del empresario del audiovisual. Sí con publicidad, pues el intercambio y su documentación ha salido a exposición pública. Pero no ha habido oportunidad para otros rivales de pujar por la finca, pues el Ejecutivo local apeló al "interés general" para asignarlo sin concurso. 

Precedente: parálisis en Poblenou

A partir de aquí, Coyoacan tiene menos de dos años para desarrollar la promoción social. Las obras tienen que comenzar el 1 de mayo de 2023 y terminarán el 1 de enero de 2025, según la documentación del proyecto. 

La tasación que hizo Tinsa del edificio del gimnasio Sant Pau / CG

Eso si se cumple el calendario, porque en la primera promoción de pisos sociales entre Roures y el Ejecutivo de Ada Colau se ha incurrido en un retraso notable. Las obras de la Illa Sibèria en el barrio de Poblenou tenían que haber empezado en 2020, pero se retrasaron. Según el ayuntamiento, ello es atribuible a la pandemia. Según el sector inmobiliario, a anomalías en el diseño que hubo que subsanar. Lo cierto es que en 2022 aún no hay máquinas en el solar designado. 

Protocolo de paraísos fiscales

Hay otra arista en la operación: la ética. Coyoacan, la sociedad con la que Jaume Roures ha entrado en la promoción, pende de Mediapro, según el Registro Mercantil. E Imagina, la cabecera del conglomerado audiovisual, estuvo implicada en un pago por vía de un paraíso fiscal, Panamá, según admitió en el primer acuerdo del caso sobornos en Estados Unidos. 

Esa maniobra financiera choca frontalmente con el protocolo de compra ética municipal, que fija que la Administración local "no tendrá relación jurídica" con empresas que operen en territorios fiscalmente opacos. Y Panamá lo es, según la propia lista de las instituciones comunitarias. Sin embargo, el protocolo antiparaísos no se ha aplicado a Mediapro, pero tampoco a ninguna otra empresa, como avanzó este medio.