Jaume Roures, cofundador de Mediapro junto a Gerard Romy, a quien Estados Unidos ve un fugitivo / EFE

Jaume Roures, cofundador de Mediapro junto a Gerard Romy, a quien Estados Unidos ve "un fugitivo" / EFE

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EEUU considera "fugado" al cofundador de Mediapro con Roures

La Fiscalía acusa a Gerard Romy, exsocio del 'rey del fútbol', de huir de la justicia en el caso de presuntos sobornos a cambio de derechos de retransmisión

20 septiembre, 2020 00:00

Estados Unidos considera "un fugitivo" al cofundador de Mediapro junto a Jaume Roures y Tatxo Benet. La Fiscalía del distrito este de Nueva York acusa a Gerard Romy de eludir un macroproceso por presuntos sobornos a directivos de federaciones de fútbol a cambio de derechos de retransmisión.

La condición de fugado no es una licencia periodística, sino que se asevera claramente en un escrito entrado por el ministerio fiscal con fecha a 12 de agosto de 2020 y número de documento 1429. En el informe, que firma Seth DuDucharne, fiscal del distrito, se asegura sin ambages que Gerard Romy "continúa como fugitivo fuera de los Estados Unidos pese a que fue imputado en la primera acusación [en 2015]".

Presuntos sobornos masivos

En efecto, Romy, que fundó Mediapro junto a Jaume Roures y Tatxo Benet fue citado en condición de investigado en el primer proceso del caso sobornos, que investigó presuntas mordidas de directivos de federaciones de fútbol de Sudamérica a empresas audiovisuales a cambio de otorgarles derechos de retransmisión deportiva para la Copa Libertadores y competiciones similares. Una de estas firmas era US Imagina, filial de Imagina, cabecera de Mediapro. Corría el año 2015.

Aquel proceso acabó en 2018 con la admisión de culpa de Imagina en Estados Unidos en al menos un soborno a un directivo. Imagina-Mediapro reconoció que había pagado dinero de forma fraudulenta al menos una vez para hacerse con los lucrativos derechos del fútbol en Sudamérica. La compañía llegó a un pacto con la Fiscalía y pagó 24,18 millones de dólares, 21,19 millones de euros al cambio, en multas e indemnizaciones.

Estructura criminal

Hubo más. La corte de distrito, una de las 94 que operan en Estados Unidos y que es equivalente a la primera instancia en España, volvió a realizar pesquisas y a emitir una segunda orden de imputación en abril de 2020 al hallar nuevos indicios delictivos. En ese indictment --acusación-- se cita en condición de investigadas a 17 personas. Una de ellas es Gerard Romy. ¿Por qué cargos? Por presunta conspiración para cometer fraude, diversos delitos de fraude electrónico y conspiración para blanquear capitales.

La nota abrió el juicio oral del nuevo proceso del caso sobornos. ¿Cómo marcha el procedimiento? A preguntas de este medio, un portavoz de la Fiscalía ha señalado que el caso se ha ralentizado porque dos de los imputados, Hernán López y Carlos Martínez, rehúsan ser juzgados con el resto de acusados, a quien el ministerio fiscal acusa de formar parte de una estructura criminal internacional. ¿Avanzará? "Todas las partes estamos esperando a la decisión de la juez [Pamela Ki Mai] Chen --juez titular de la Corte del distrito este de Nueva York-- de si juzga por separado a los señores López y Martínez y a la empresa Full Play", ha avanzado.

Un cofundador de Mediapro, prófugo

¿Y Romy? En su moción contraria a la separación del juicio de los dos empresarios citados, la Fiscalía aclara la situación de Gerard Romy. El exsocio de Jaume Roures y Tatxo Benet en Mediapro se encuentra fuera de Estados Unidos y "fugado". La huida de Gerard Romy no es la única. Jack Warner, expresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), permanece en su Trinidad y Tobago natal desde que fuera imputado en 2015. Rechaza viajar a Estados Unidos y ha recurrido judicialmente las órdenes de extradición.

Por su parte, Marco Polo del Nero, abogado y expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y Ricardo Teixeira, que ostentó el mismo cargo entre 2009 y 2012, se cobijan en Brasil. Estados Unidos no puede reclamarlos porque el tratado bilateral de extradición firmado entre ambos países en 1961 no prevé la entrega automática de personas buscadas, apostilla el fiscal.